EPR responsabiliza al gobierno federal y estatal de la violencia en Chiapas

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) asegura que en Chiapas se vive una descomposición del tejido social auspiciada desde el gobierno estatal y federal, mediante el uso de organizaciones criminales para enmascarar violaciones a los derechos humanos, envilecer a la juventud con drogas y justificar la instalación de nuevas bases militares represivas.

Asegura que los supuestos grupos de la delincuencia organizada son utilizados para ocultar la responsabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos que el Estado comete con el supuesto argumento de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel Chiapas-Guatemala, quienes, aseguran, representan los diferentes grupos de poder económico “confrontados por el reparto del botín”.

En un apartado de su órgano de difusión mensual El Insurgente, número 237, difundido hace unas horas, el brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario señala que lo que acontece en Chiapas es un problema de descomposición del tejido social, donde una parte de los pueblos comienzan un proceso de lumpenización, de degradación de la clase proletaria por causa de la miseria, donde el individuo pierde de vista su condición humana y roba a su hermano de clase.

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“En días recientes la violencia se agudizó y cobró vidas, ejemplo claro son los municipios de Berriozábal, Ocozocuautla, Jiquipilas, Carranza, La Concordia y Ocosingo, donde estos pueblos son escenario de la violencia por parte de grupos paramilitares para meter terror y la descomposición”, dicen.

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Y relata que el pueblo es el que sufre las consecuencias de la violencia, “son desplazados de su lugar de origen de manera violenta, sufren casos de asaltos, extorsión, cobro de piso, ante estos casos algunos pueblos se han organizado para hacerle frente a los grupos descompuestos, el ejemplo claro lo tenemos en el pueblo de Carranza, donde el poblado Nicolás Ruiz ha tomado cartas en el asunto, han realizado bloqueos para no dejar pasar a los grupos paramilitares a los pueblos”.

En la zona selva de Chiapas, en particular Ocosingo, también el Estado está llevando a cabo la violencia. Por medio de estos grupos propicia la descomposición con la venta de todo tipo de drogas, la juventud es víctima y es obligada a ser parte de estos grupos descompuestos.

Detallan que en Chiapas existe una fuerza operativa conformada por 27 mil 391 elementos, de los cuales mil 800 son marinos, nueve mil 76 del ejército y cinco mil 910 de la Guardia Nacional; y, revelan que la administración de López Obrador aumentó las fuerzas operativas en la entidad, agregó 23 mil 821 elementos operativos.

En total, las que llaman fuerzas represivas se conforman por 58 mil 656 hombres, conformadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a la cifra se suman los elementos militares que arribaron a la entidad los últimos días de junio del presente año y la primera de julio cuya misión, dicen, es instrumentar bases de operaciones interinstitucionales.

Según el grupo subversivo dichas bases son instauradas en líneas y puntos bajo la misma lógica que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), las cuales destacaron en el pasado por ser puestos de las fuerzas represivas con objetivos contrainsurgentes y que en nada contribuyeron al bienestar popular.

Responsabiliza al gobernador Rutilio Escandón de encabezar esta cruzada anti popular y asegura que la acción de las tropas desplegadas en Chiapas va dirigida a resguardar los intereses del grupo económico representado por la administración estatal y federal, a contrarrestar los intereses de grupo que compiten con los que representa la camarilla en la administración y sobre todo a amedrentar con el terror a la población.