Denuncian Educación de Veracruz y Sedesol irregularidades de administración pasada

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los posibles delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial en contra de quienes resulten responsables.

Las denuncias fueron presentadas por los titulares de la SEV y SEDESOL, Zenyazen Escobar García y Guillermo Fernández Sánchez, así como el director general del IEEV, Ricardo García Jiménez, acompañados por la contralora General del Estado, Leslie Garibo Puga, y el director Jurídico de la SEV, José Miguel Hernández Durán.

Justicia

FGR va contra Estafa Maestra: denuncian a exrector de UAEM por desvíos

De acuerdo a los inconformes, la denuncia de la Secretaría de Educación se deriva del otorgamiento de las 77 plazas de nivel Medio Superior y Superior que funcionarios se autoasignaron indebidamente, entre ellos el exsecretario, Enrique Pérez Rodríguez; las cuales causaron un detrimento económico por la cantidad de 5 millones 547 mil 788 pesos 47 centavos.

“Esta cantidad emana de los retroactivos que se otorgaron en las plazas con las que se beneficiaron mientras cumplían por otra parte con función de jefatura de tiempo completo.”

Señalan que de igual manera, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) se realizó el pago de más de mil millones de pesos de anticipo por alrededor de 500 obras inconclusas en el estado, entre mantenimiento, rehabilitación y construcción de aulas nuevas, la mayoría del programa Escuelas al Cien, del Fondo INIFED y FONREGIÓN.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) acusó irregularidades en tres contratos que ascienden a 55 millones 806 mil 468 pesos por arrendamiento de 55 unidades vehiculares. Dichos contratos incurren en diversos delitos señalados en el Código Penal del Estado de Veracruz.

Indican los denunciantes que sobre este caso, ya existe un informe por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la Cuenta Pública 2017, donde se realizaron observaciones por no formular bitácoras de los vehículos arrendados.