Guanajuato, Gto. La tarde del 16 de abril, en el camino de terracería de la carretera San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo a la altura del Cortijo, varias personas armadas a bordo de tres vehículos de motor, cerraron el paso a un automóvil marca Chevrolet tipo Aveo, conducido por Gerardo “N”, a él y a su pasajero los forzaron a descender de la unidad, con la finalidad de privarlos de la libertad y los obligaron a subir a una camioneta blindada.
Durante esa acción un automóvil marca Mitsubishi tipo Lancer color blanco circulaba por el mismo camino, en este auto viajaban dos personas del sexo masculino, quienes han sido identificados como Gerardo “N” y José Alberto “N”; y se sabe que eran empleados municipales, al ser testigos del hecho también fueron interceptados y obligados a abordar el vehículo blindado privando así de la libertad a los 4 hombres.
Se recibió una llamada de emergencia que reportaba el hecho, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia detonó una estrategia operativa en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Municipio de San Miguel de Allende, con ello y el trabajo coordinado se logró ubicar a las víctimas y a uno de sus captores.
Lo anterior al obtener información de la ruta que seguían los delincuentes, quienes huían hacia el municipio de Dolores Hidalgo y es aquí precisamente donde los grupos policiales detectan que dos de los vehículos se encuentran impactados.
Ahí se percatan que una de las personas privadas de la libertad se encuentra lesionada y lamentablemente las otras tres sin vida. Al continuar con la operatividad en la zona se concreta la detención de uno de los inculpados de nombre MARCO ANTONIO “N”, de 23 años de edad; asimismo se aseguran armas de fuego, más de 20 kilogramos de droga y vehículos de motor, entre ellos la camioneta blindada en donde privaron de la libertad y vida a las víctimas.
El seguimiento del caso, se realiza conforme a las reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.