En juicio oral, la Fiscalía General del Estado demostró, que en dos ocasiones, Juan Luís “N” robó con violencia, primero un vehículo del servicio público de alquiler y posteriormente una motocicleta, esto lo hizo acreedor a una condena de siete años y seis meses tras las rejas.
Derivado de dos investigaciones iniciadas por robo calificado a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, la Fiscalía Estatal logró establecer que Juan Luis “N”, hoy sentenciado, tuvo participación activa en los hechos delictivos donde desapoderó de sus vehículos a dos víctimas, en ambos eventos recurrió a la violencia para ejecutar los atracos.
El primer robo, sucedió el 24 de agosto del 2019, alrededor de las 15:55 horas, cuando el ofendido, conducía sobre el bulevar Solidaridad a bordo de un vehículo de motor que utilizaba como taxi; en ese momento Juan Luis “N”, solicitó el servicio y subió a la unidad.
Momentos después, al circular por la calle Jorge Negrete en la Colonia El cantador, el sentenciado sacó un arma de fuego y amenazó al conductor diciéndole "ya valiste", y le ordenó que desabordara, desapoderándolo del vehículo, de un celular y de dinero en efectivo.
Al año siguiente, el 13 de julio de 2020, al filo de las 17:30 horas, se encontraba el ofendido Paul “N”, a bordo de su motocicleta, sobre la calle Ley Iglesias de la colonia Nueva Reforma Agraria, cuando Juan Luis “N” a bordo de otra motocicleta, le dio alcance y portando un arma de fuego, le apuntó a la víctima a la altura de la cabeza ordenándole: "Bájate de la motocicleta o te mato", de inmediato Paul “N” se bajó de la unidad y se fue corriendo en dirección a la calle Constituyentes, pero antes de perderse de vista pudo ver que el sentenciado se fue a bordo de la motocicleta robada.
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Tras la respectiva recepción de las denuncias, el Ministerio Público dirigió las investigaciones a través del equipo pericial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes obtuvieron datos de prueba que fueron clave para identificar al probable responsable y solicitar una orden de aprehensión para su captura.
Una vez detenido, el inculpado fue llevado a un tribunal, donde ésta representación social formuló imputación en su contra por el delito de robo calificado; luego de analizar los elementos expuestos, el Juez dictó auto de vinculación a proceso penal con prisión preventiva como medida cautelar.
Posteriormente, al llegar a la etapa de juicio oral, las evidencias en su contra eran irrefutables, por lo que el acusado fue sentenciado a siete años y seis meses de cárcel, además fue impuesto a pagar una multa y la reparación del daño en favor de los agraviados.
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