MANAGUA. El gobierno de Daniel Ortega aumentó el asedio a la oposición y medios independientes con acciones de tipo legal y policial con el objetivo de allanar el camino a su reelección en noviembre, según denunciaron organismos de derechos humanos.
La aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, con posibilidades para enfrentar una posible candidatura de Ortega, de forma inesperada fue vinculada por el Ministerio de Gobernación (Interior) con delitos de lavado de activos, una acusación que puede dejarla fuera de la contienda electoral de noviembre.
"Ortega ha ordenado fabricar 'pruebas' en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre [la expresidenta] Violeta Barrios de Chamorro", dijo Cristiana en Twitter.
La opositora y periodista fue citada por el Ministerio de Gobernación para responder por supuestas "inconsistencias en los reportes financieros" de la fundación que dirigió entre 2015 y 2019, una organización promotora de la libertad de expresión.
La fundación "incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (...) y se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que el caso ha sido remitido al Ministerio Público [Fiscalía]" para su investigación, señala una nota del gobierno.
En Nicaragua, toda persona bajo investigación fiscal tiene vetada la participación en cargos sujetos a elección.
"Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad (...) esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedir tener ese derecho", dijo Chamorro tras casi cuatro horas en oficinas de Gobernación.
Allanan medio opositor
Mientras tanto, la policía allanó las oficinas de los medios digitales opositores Confidencial y Esta Semana, cuyo director es Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, y retuvo momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes, entre ellos un videoreportero de la AFP.
"No nos van a callar, pueden robarse otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un recinto donde nosotros habíamos hechos algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas", escribió Chamorro en Twitter.
El gobierno acusa a estos medios de haber aupado las manifestaciones que pedían la salida de Ortega en 2018, y en las que murieron más de 300 personas.
Dos partidos fuera de elecciones
Esta semana, el tribunal electoral, con miembros afines al gobierno del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sacó de circulación a un bloque opositor liderado por el Partido Restauración Democrática (PRD), así como al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo del país.
Chamorro, de 67 años, ya había anunciado sus intenciones de postularse a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre.
La fundación que lideró, como muchas otras en Nicaragua, debió cerrar operaciones en febrero afectada por una ley aprobada por el Congreso oficialista, que exigía reportar sus ingresos de fuentes externas y declararse como agente extranjero.
Esto último fue rechazado por Chamorro, quien defendió su derecho a seguir operando como ciudadana nicaragüense.
La periodista, que no milita en ningún partido, tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup. Ello la sitúa por encima de otros aspirantes a la silla presidencial.
Tras el fallido intento de unidad en la oposición, las miradas se enfocaban en Chamorro para liderar una candidatura que enfrente a Ortega, en el poder desde 2007 y quien, según sus adversarios, buscará un cuarto mandato consecutivo.
El gobierno sandinista ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos durante la represión de las protestas opositoras. Ortega sostiene que esas manifestaciones constituyeron un fallido golpe de Estado promovido por Washington.
HRW: "robarse las elecciones"
"Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición. Su objetivo está claro: impedir cualquier crítica y robarse la elecciones presidenciales de noviembre 2021", dijo el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) las acciones del gobierno "no tiene limites y evidencian el estado de terror al que tiene sometido al país".
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En tanto, el bloque opositor Coalición Nacional calificó los hechos de "graves violaciones a los derechos humanos y políticos (...) esto es muestra de debilidad de un régimen que se mantiene en el poder por las armas y que bloquea cualquier intento de elecciones libres, competitivas y transparentes".
Por su parte la Unión Democrática Renovadora (Unamos, centro izquierda), en un comunicado estimó que el gobierno pretende infundir miedo y desesperanza" en la población que ya tomó la decisión de "ser libre y de conquistar la democracia, lo que es irrenunciable e impostergable".
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