Legalizar la cocaína en Colombia, un camino imposible

El nuevo gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, implementa una política antidroga que plantea hacer cambios fundamentales en la lucha contra los estupefacientes y el narcotráfico, un plan que ha desatado polémica a nivel global por considerar la posibilidad de legalizar las drogas, como la cocaína.

Las mismas autoridades colombianas han descartado la posibilidad de volver lícitas las drogas y especificaron que el plan consiste en centralizar la lucha contra los grupos criminales que comercializan la droga, y no en los cultivadores, responsables de su producción.

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Estados Unidos sigue de cerca el tema y considera la posibilidad de la despenalización de las drogas, lo que complicaría la cooperación bilateral en el tema, según la DEA, quien año con año invierte recursos en el país, el principal productor y vendedor de cocaína del mundo.

Ante este panorama, el especialista en temas de narcotráfico en América Latina, Jorge Luis Vidal, consideró que en caso de que el gobierno decidiera legalizar la cocaína entraría en un terreno complicado y sería prácticamente imposible de ejecutar el plan por la suma de varios factores, principalmente por el dominio del mercado de grupos delictivos como narcotraficantes, guerrillas, disidencias o clanes, un negocio que representa una poderosa fuente de ingresos al cual no estarían dispuestos a renunciar.

El debate de la legalización de las drogas la abrió el senador y aliado de Petro, Gustavo Bolívar, uno de los firmantes del nuevo proyecto de ley contra las drogas, al asegurar que “nunca lograremos la paz en Colombia hasta que regulemos el narcotráfico”.

Durante la toma de poder, Gustavo Petro adelantó que en su gobierno habría un cambio de visión y una regulación, en la que la lucha contra las mafias siga siendo fuerte, pero sobre todo enfocarse también en la salud pública con la prevención y la atención de los consumidores.

Gustavo Petro asume el presidente electo de Colombia buscando finalizar el conflicto con el narcotráfico y las guerrillas / Cortesía | EFE

Para Vidal, el gobierno colombiano no está realmente preparado para solventar el negocio de la cocaína, un negocio que representa casi el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto de Colombia y que, sobre todo, está controlado por narcotraficantes, carteles, clanes, guerrillas y paramilitares, que no están dispuestos a que les sea arrebatado el negocio.

“Cualquier medida que se tome sobre la lucha o cambiar los parámetros contra el narco, va a resentir verdaderamente la economía del país. Las ventas criminales, todo lo que pierden las ciudades por el accionar delictivo, es muchísimo y esto tendrá sus consecuencias en un país que produce más de un millón de kilogramos de cocaína al año”, destacó el especialista.

Además de lo económico, otro de los frenos que enfrentaría esta posibilidad es el rechazo internacional, sobre todo en Estados Unidos. “La DEA teme a la despenalización, si se diera, se vería limitada la colaboración con los colombianos y la lucha contra el narco”, agregó el especialista. También llamaría la atención de México, como comprador y como un país que sirve de puente para enviar toneladas de cocaína al año hacia Estados Unidos.

Mientras que sus socios comerciales inmediatos, como Bolivia y Perú, que son el segundo y tercer productor de cocaína, respectivamente, también tendrían que trabajar en conjunto para crear un bloque contra el mercado ilícito de cocaína.

“Con Perú y Bolivia, Colombia tendría que sumarse a un control estricto, arreglado y profesional, ya que no valdría de nada que dos países con menos capacidad de atender este problema no lo hagan”.

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El principal problema sería la lucha entre grupos criminales que controlan el mercado, “en primer lugar, no dejarían al gobierno manejar un mercado lícito de la cocaína, y en segundo, el gobierno no está preparado para manejar semejante negocio ilegal y pasarlo a las arcas del Estado de forma legal. Es muy difícil”, sentenció.

El experto coincidió que hubo malas interpretaciones al considerar que había la posibilidad de legalizar la cocaína u otras drogas, “lo que quiso decir (el gobierno) es que se iba a intentar centrar la persecución de la Policía y justicia contra la estructura del narcotráfico y los campesinos, donde acaba la cadena del narco para blanquear su dinero”, comentó el analista argentino.