Un informe del Instituto Guttmacher señaló que por lo menos 43 clínicas de Estados Unidos han dejado de practicar abortos desde que la Corte Suprema decidió no garantizar el acceso a la interrupción del embarazo.
Un mes después de la histórica sentencia del 24 de junio, 11 estados han prohibido todos los abortos o los realizados después de las seis semanas de embarazo, indica la organización, que defiende el acceso a los anticonceptivos y al aborto.
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Un total de 43 clínicas, de las cuales 23 están en Texas, cinco en Oklahoma y cinco en Alabama, han cerrado o reorientado sus actividades hacia otro tipo de atención.
Una de las clínicas, la "Casa Rosa", en el centro del caso que llevó a la revocación de la Corte Suprema, cerró el 7 de julio después de haber sido durante mucho tiempo la única que realizaba "El acceso al aborto, que ya es muy limitado en gran parte del país, seguirá deteriorándose a medida que más estados adopten la prohibición del aborto en las próximas semanas y meses", concluyen los autores del estudio.
Algunos estados, como Luisiana y Dakota del Norte, tienen leyes que prohíben el aborto, pero las batallas legales han frenado su aplicación. Otros, como Indiana, han convocado una sesión especial de la legislatura para aprobar una nueva norma.
Se espera que la mitad de los estados, especialmente en los conservadores del sur y el centro de Estados Unidos, prohíban el aborto.
El 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dinamitó el derecho al aborto que llevaba casi medio siglo garantizando, lo que dio paso a que una decena de estados conservadores prohibieran o restringieran los abortos en sus territorios.
Desde este giro histórico, el panorama legal ha cambiado dejando muchas áreas grises, lo que crea "un nivel significativo de estrés" en la profesión, señala Harry Nelson, abogado especializado en la defensa de los médicos.
Las leyes que prohíben la práctica del aborto van acompañadas de sanciones sustanciales para los profesionales de la salud. Oscilan entre fuertes multas y sentencias de hasta 10 años de prisión.
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La amenaza de juicios y los costos legales que llevan asociados crean "una situación extraña, en la que los médicos están nerviosos incluso cuando prestan cuidados legítimos en casos con condiciones potencialmente mortales", subraya Nelson.
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