La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha concluido la implementación y homologación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, lo que ha dado como resultado que a nivel nacional no se disponga de un modelo único para brindar atención integral y evitar la revictimización de quienes han sufrido algún delito, incluido la trata, aseguró la Auditoría Superior de la Federación.
La ASF detalló que la Secretaria de Gobernación “no ejerció el fondo federal previsto para la atención de víctimas de trata”, mientras que, en el ámbito estatal, “los gobiernos locales no dispusieron de recursos para dichos fines”.
Sobre la procuración de justicia, de las 244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata en el 2018, el 74 por ciento (181) estaba en trámite y el 2.9 por ciento (siete) se consignó.
Además, de las 288 carpetas de investigación registradas para trámite en el 2018, el 67 por ciento (mil 928 estaba pendiente) y sólo el 2.8 por ciento (ocho) se vinculó a vinculo a proceso y se sentenció.
Lo anterior, quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad.
La ASF dejó claro que el Estado mexicano “no ha garantizado la protección de los derechos humanos de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, en incumplimiento a los compromisos derivados del marco constitucional”.
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