La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó como plazo máximo el 1 de enero de 2024 para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deje de tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
En continuación de la sesión del martes pasado, el Pleno discutió el último punto del proyecto a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el cual sufrió una modificación, ya que originalmente éste propuso que el cuerpo de seguridad regresara a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de manera inmediata.
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Sin embargo, luego del debate que surgió hace dos días con respecto a este punto, el ministro ponente aceptó hacer una modificación y estableció que la fecha límite será al inicio del próximo año.
“En ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar, gradualmente, el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del ramo de seguridad pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena paulatina y ordenada”, argumentó.
Mientras esto ocurre, durante los próximos ocho meses la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval podrá seguir echando mano del presupuesto de la Guardia Nacional que este año ascendió a 34 millones 525 mil 332 pesos.
También seguirá siendo la superior jerárquica de la corporación que hasta el día de hoy cuenta con más de 130 mil elementos y 280 cuarteles a lo largo del país, pero a partir del primer minuto del próximo año la Guardia Nacional tendrá forzosamente que regresar a formar parte de la SSPC que dirige Rosa Icela Rodríguez como originalmente fue concebida en 2019.
Lo anterior pese a la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los ocho integrantes de la SCJN que votaron para que la Guardia Nacional regrese a la SSPC “actuaron de manera facciosa” ya que desde su punto de vista la readscripción del cuerpo de seguridad a Sedena evitaría que su corrupción como, dice, sucedió con la Policía Federal.
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Con la decisión del 18 de abril, los integrantes del Pleno revirtieron una de las principales pretensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador para que este cuerpo de seguridad sea dependiente de la Sedena y no de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como originalmente fue concebida en 2019.
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