México se coloca como el segundo país de América Latina y el Caribe con más casos de trabajo infantil, sólo por debajo de Brasil y arriba de Perú, a pesar de que el artículo 123 de la Constitución Política lo prohíbe, señaló el diputado Marco Antonio González Reyes (Morena), secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Indicó que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el país existen 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, cantidad que representa el 12 por ciento de la población total de menores.
Por ello, planteó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer de manera coordinada las medidas preventivas y las acciones de supervisión, a fin de erradicar el trabajo infantil.
Mencionó que, de acuerdo con la STPS, los estados con mayores municipios con probabilidad de riesgo alto en trabajo infantil son: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Durango, Campeche y Coahuila.
El trabajo infantil es una de las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que, a nivel mundial, más de 160 millones laboran y al pasar largas horas en la vía pública y convertirla en su espacio de socialización y de actividad económica, pone en riesgo su desarrollo físico, mental y social, porque constantemente se encuentran expuestos a muchos riesgos.
Agregó que entre las razones de niñas, niños y adolescentes para trabajar “destaca que la mayor proporción lo hace para pagar su escuela y/o sus propios gastos, y una de las principales consecuencias para el hogar de que el menor deje de trabajar es que el ingreso se vería afectado”.
Conforme a la última Encuesta Nacional de Jornaleros (Enjo), 60 % de esta población era originaria de localidades de alta o muy alta marginación, cerca de 40 por ciento pertenecía a una comunidad indígena y había hablantes de 29 lenguas distintas.
Además, el 60 % de las niñas, niños y adolescentes llevaba a cabo actividades remuneradas en el campo; 10 por ciento, comerciales, ganadería o albañilería, y 30 %, domésticas.
Por ello, Marco Antonio González considera indispensable que la STPS y sus homólogas en las entidades federativas prevengan y erradiquen el trabajo infantil, contribuyendo al diagnóstico y monitoreo de los objetivos nacionales y del cumplimiento de los tratados asumidos internacionalmente, para lograr que la niñez y adolescencia gocen plenamente de sus derechos.
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