Maritza del Carmen Yeh Chan recuerda que 2020 fue un año complicado para mantener a flote la Casa de la Mujer Indígena U Muuk'il ko'olelo'ob María Uicab, entre la pandemia de Covid-19 y el recorte de 75 por ciento de los recursos que recibían del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La coordinadora de este lugar, que atiende a mujeres mayas víctimas de violencia en Quintana Roo, se unió a las directoras de las otras 34 Casas de la Mujer Indígena en el país para exigir al Gobierno federal el dinero necesario para continuar con su labor.
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Por cuatro meses se movilizaron en redes sociales, tocaron puertas en el Senado y la Cámara de Diputados y se sentaron con Hacienda y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sólo presionando un día sí y el otro también, forzaron a las autoridades a liberar el recurso.
No en todos los casos sucedió así. La decisión de López Obrador de ya no dar más dinero a organizaciones no gubernamentales (ONG), o reducirlo al mínimo, provocó que muchas dejaran de operar debido a que los donativos y subsidios públicos eran vitales para su funcionamiento.
La crisis económica que trajo la emergencia sanitaria vino a agravar su situación financiera.
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el número de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en México pasó de 10 mil 432 en 2019, primer año de la actual administración, a nueve mil 675 en 2021, lo que significa una reducción de siete por ciento.
En el mismo periodo, las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles del extranjero crecieron de tres mil 724 a cuatro mil 425, es decir, 19 por ciento.
Dominique Amezcua, coordinadora de Incidencia de la organización Alternativas y Capacidades, indica que la caída de donatarias autorizadas se debe también al endurecimiento de las obligaciones fiscales que éstas deben cumplir.
“Constituirte como donataria autorizada no es fácil, es un proceso complicado y requiere una serie de requisitos que, desde nuestro punto de vista, son un exceso. Lo que está generando este fenómeno es que menos organizaciones apuesten por constituirse en donatarias autorizadas porque cada vez son menos los beneficios y, al contrario, cada vez se endurecen más las medidas punitivas con respecto al incumplimiento de algún procedimiento.
“No quiere decir que estemos en contra de la rendición de cuentas y la transparencia. Hemos cumplido con cada uno de los nuevos requisitos que se plantean, pero con la pandemia y la escasez de los recursos (materiales, humanos y financieros), esta sobrerregulación se está traduciendo en que las organizaciones prefieren no constituirse o que incluso se vean obligadas a dejar de operar”.
Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de esta asociación que se decida a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, agregó que generalizarlas a todas como corruptas “ha generado un entorno de un espacio cívico cerrado, un espacio público cada vez más restringido donde pareciera que lo único público refiere al gobierno”.
A dos meses de llegar al poder, López Obrador anunció que dejaría de entregar dinero a las ONG a fin de que ya no hubiera intermediarios que manejaran los recursos públicos.
“Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso es el gobierno… Los apoyos van directo a los beneficiarios, no va a haber intermediarios.
“Si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas —el dinero que va a la gente— o pasa por organizaciones, no llega, o llega muy poco, porque hay piquete de ojo”, expresó en su conferencia del 5 de febrero de 2019.
El mandatario también se ha dedicado a criticar a las organizaciones civiles que reciben apoyo del extranjero. Incluso solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos retirarles su financiamiento, sin tener una respuesta afirmativa.
El pasado 15 de agosto, en una gira por Jalisco, volvió a externar su molestia con este tipo de donaciones.
“Y pedirles de manera muy respetuosa a las asociaciones no gubernamentales que, aunque vivan de eso, nos dejen, porque no estoy hablando al tanteo, hay quienes viven de administrar conflictos, reciben dinero para eso, hasta del extranjero. Hay en Estados Unidos asociaciones, incluso del gobierno de Estados Unidos, que les dan financiamiento a asociaciones no gubernamentales. Entonces, cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús”.
Amezcua considera que el discurso presidencial, además de estigmatizante, no abona en una sociedad donde la cultura de la donación y la filantropía está en ciernes. Y donde la pandemia terminó por agravar todo.
“Por supuesto que ha habido un impacto sustancial en el trabajo que hacemos las organizaciones en el marco de la pandemia: 40 por ciento de las organizaciones ha tenido que reorientar sus programas, siete de cada 10 refieren que han tenido una disminución de fondos y 44 por ciento han tenido que recortar personal remunerado por esta disminución en los recursos. ¿Y qué hacemos? Estamos resistiendo”.
DOS CARAS DE LA MONEDA
El diagnóstico de López Obrador sobre los donativos públicos a organizaciones civiles es en parte correcto. Sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), el Ejecutivo federal reportó al Congreso de la Unión que entregó una bolsa de ocho mil millones de pesos a mil 373 asociaciones y fundaciones.
Sin embargo, la mayoría de los recursos se concentró en apenas diez relacionadas con empresarios multimillonarios, contratistas, funcionarios de su gobierno y políticos, reveló en 2019 el extinto portal digital mexico.com.
Algunas de las asociaciones eran Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, del empresario Ricardo Salinas Pliego; Poder Cívico, del exdiplomático Andrés Roemer, acusado por delitos sexuales y que actualmente se refugia en Israel, y Servi Museos A.C., responsable de la administración del Papalote Museo del Niño Monterrey y que entonces presidía Mauricio Amodio Herrera, dueño de Grupo Caabsa.
También figuraba en este grupo Puerto Cultura, que tenía como socio a Raúl Sergio Arroyo García, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante el primer tramo de gobierno peñista.
A dicha asociación la Secretaría de Cultura le entregó donativos por 59 millones de pesos para construir un museo que jamás se terminó. La Secretaría de la Función Pública determinó que hubo una “presunta simulación para adquirir bienes” e inhabilitó a la entonces titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda.
Otro caso de escándalo fue el de la Fundación Organizados para Servir, relacionada con el exlíder de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, y quien en el sexenio pasado fungió como senador por el PRI.
Entre otras transferencias, la ONG recibió un donativo para restaurar las fuentes históricas de la ciudad de Guanajuato, cosa que no sucedió, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.
Pero, aunque había apoyos donde reinaban la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción, otras organizaciones sí contribuían al bienestar social. Paradójicamente fueron las que más resintieron la falta de apoyo gubernamental.
“Lo más triste de todo esto es que la parte del sector que está más en riesgo son las organizaciones de base, las organizaciones que están menos institucionalizadas, menos en las ciudades y mucho más en las comunidades alejadas”, lamenta Lucía Hidalgo.
Maritza Yeh Chan dirige un centro en Quintana Roo que da refugio y orientación a mujeres mayas que son víctimas de violencia.
Cuenta con un equipo de 12 mujeres mayas, incluidas psicólogas y abogadas, que brindan atención, asesoramiento y acompañamiento continuo a un promedio de 50 a 60 víctimas mensuales que sufren violencia y discriminación.
También brinda servicios de salud reproductiva, contención emocional, parteras y preservación de la medicina tradicional.
La Casa de la Mujer Indígena, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, no tiene relación con algún magnate, funcionario público o político de altos vuelos. Surgió a raíz del trabajo que hace la colectiva Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo.
Su operación, como la del resto de estos centros en el país, depende de los recursos federales provenientes del INPI. En ocasiones reciben algunos donativos en especie de particulares, pero no siempre.
Fue así que al enterarse del recorte que hizo el Gobierno federal, y mientras duró su lucha por obtener más recursos, algunas casas tuvieron que cerrar temporalmente.
“El año pasado nos recortaron el recurso a las Casas de la Mujer Indígena cuando inició la pandemia… Nos quedamos con 25 por ciento de lo que nos iban a dar, veíamos que con ese recurso no podíamos hacer nada.
“Hay casas que tuvieron que cerrar porque no había recursos para acompañar a las mujeres, para ir a la comunidad o para comprar lo que necesitábamos…”, cuenta Yeh Chan.
Justo en medio de la pandemia era cuando las indígenas necesitaban más de estos refugios porque la violencia intrafamiliar creció con el confinamiento. También porque las embarazadas buscaban a las parteras por temor a contagiarse de coronavirus en los centros de salud, añade Maritza.
De acuerdo con la encuesta Sociedad civil organizada frente al COVID-19, que publicó Alternativas y Capacidades en agosto de 2020, 70.8 por ciento de las organizaciones vieron sus recursos disminuir durante la contingencia sanitaria y 16.2 por ciento estaban en riesgo de dejar de operar.
Agrega que las organizaciones que sí recibieron donativos en medio de la pandemia, lo hicieron a través de actores privados, mientras que el gobierno, en sus tres niveles, otorgó aportaciones marginales.
“Las organizaciones participantes en la encuesta indicaron que no han visto acciones claras de parte del gobierno para colaborar con la sociedad civil organizada ante la contingencia sanitaria”, indica el estudio.
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