Once años después de la masacre en San Fernando, el nombre de Tamaulipas nuevamente resonaba a nivel internacional como un terreno violento para los migrantes; en Camargo habían encontrado 19 cuerpos carbonizados, poco después se supo, que 17 eran migrantes.
“Un total desprecio por la vida y una brutal ferocidad con la que se les arrebató la vida, puesto que después de haberles disparado a las víctimas les prendieron fuego”, señaló el juez de un Tribunal de Enjuiciamiento, Patricio Lugo Jaramillo, cuando sentenció a los responsables dos años después de los hechos.
La madrugada del 22 enero del 2021 fueron encontrados 19 cuerpos calcinados en el poblado Santa Anita o Rancho Piedra de Camargo; poco después se supo que se trataba de 17 migrantes y dos presuntos traficantes-polleros que pretendían ingresar a los Estados Unidos desde esta zona denominada como la frontera chica.
El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, reveló que por perfil genético se habían identificado a 16 personas de nacionalidad guatemalteca y uno más sin definir país de procedencia.
La Fiscalía informó que las unidades motrices localizadas en el kilómetro 25+700, eran una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León; y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media.
Así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62x39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223 mm y dos del 7.62x39 mm.
Los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113 impactos.
Dos meses después, el 12 de marzo, los cuerpos de los 16 guatemaltecos fueron repatriados a su país en medio de una ceremonia oficial, donde familiares y funcionarios exigieron justicia.
Policías de Elité fueron acusados
Aunque la versión inicial era que los policías -algunos pertenecientes al extinto Grupos de Operaciones Especiales (Gopes) de Tamaulipas- en rondines se encontraron las camionetas con los cuerpos incinerados, uno de estos oficiales, que estuvo en el lugar de nombre Ismael N desmintió esta historia.
En su testimonio reconoció que fueron ellos quienes dispararon y que se encargaron de prender fuego a los cuerpos y que fue, precisamente, el comandante de los Gopes quien ordenó la acción.
Debido a su confesión, los expolicías de élite fueron condenados con una pena de 50 años, mientras que Ismael, quien por seguridad se encuentra en un penal distinto de sus causas, fue acusado de Abuso de Autoridad y Delitos contra la Administración de la Justicia, por lo que se le dictó una pena de 19 años.
El 14 febrero del presente año se informó que un expolicía involucrado en la masacre, que al parecer se dio a la fuga a Estados Unidos para evadir la justicia en México, había sido detenido en Kyle, Texas y posteriormente extraditado.
El Secuestro de 2023
Un día antes de que concluyera el año 2023, el 30 de diciembre un grupo de 32 migrantes fue secuestrado en carreteras de la frontera Tamaulipas.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio detalles sobre la privación ilegal cometida contra los extranjeros en la frontera de esta entidad durante la conferencia mañanera del viernes, cinco de enero de este 2024.
Informó que las personas declararon a las autoridades que tras ser bajados por sujetos armados del autobús en el que circulaban por el Libramiento Sur 2 en Río Bravo, cuando viajaban de Monterrey a Matamoros en un autobús de la línea Senda, los condujeron por brechas.
Los llevaron por un camino de terracería por aproximadamente 20 minutos, pasados los cuales los cambiaron a un viejo autobús. Llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana refirió la funcionaria.
Ahí fueron agrupados por familia, les quitaron los teléfonos celulares y artículos de valor que llevaban consigo.
“En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero”, relató.
Los 32 extranjeros son 26 venezolanos y seis hondureños, de los cuales 12 son mujeres, ocho niñas, nueve hombres y tres niños.
En algunos casos tenemos información de que si se concretó el depósito de una parte del recurso exigido agregó.
Rodríguez no precisó cuántos de los migrantes pagaron los rescates, ni qué cantidades, limitándose a señalar la coordinación de las autoridades para la búsqueda y localización de los mismos con elementos militares, marinos, guardias nacionales, estatales y de investigación.
Quiero aclarar que no fue por el pago del rescate que se liberaron a las 32 personas, eso está muy claro, si hubo el pago de algunos de ellos de acuerdo a la investigación a declaraciones de ellos mismos aclaró.
Las 32 personas fueron liberadas el miércoles, tres de enero, en el estacionamiento de un centro comercial del municipio de Río Bravo en la frontera de Tamaulipas.
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