La reforma a la Ley de Amparo que impulsa Morena para prohibir que los jueces suspendan normas emitidas por el Congreso de la Unión, provocará la saturación del Poder Judicial y le pegará significativamente al bolsillo de los mexicanos, consideró Mariana Calderón, vocera del Consejo Nacional de Litigio Estratégico A.C.
“Hay veces que los juicios son muy lentos y esta (suspensión general) era una forma de parar una ley inconstitucional, era una forma en que si esta ley está violando derechos humanos se suspende y se deja de aplicar, temporalmente, en tanto resolvemos el problema”, dijo en entrevista con El Sol de México.
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Calderón destacó que la adhesión a la Ley de Amparo obligará a que cada persona esté sujeta a presentar amparos individuales para protegerse de normas o leyes que violenten sus derechos, provocando una saturación de solicitudes que los jueces deberán resolver, cuando con una suspensión general, abarcaría a todos los mexicanos afectados a partir de un solo quejoso.
La vocera del Consejo explicó que una suspensión de carácter general permite que la justicia sea rápida y expedita. Eliminarse esa protección indirecta provocará más rezago.
“Una suspensión con efectos generales desincentiva que la gente siga presentando amparos, porque se saben protegidos, pero ahora no. Puede haber una ley que viole mis derechos y que nos obligue a cada uno a buscar un abogado, gastar recursos, presentar un amparo para ser protegidos, cuando hay posibilidad de que un juez en ciertos casos diga que es inconstitucional y otorgó la suspensión”, comentó.
El miércoles, el pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley de Amparo, promovida por el legislador de Morena, Ricardo Monreal, para evitar que jueces de distrito suspendan leyes emanadas del Congreso de la Unión. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para seguir su proceso.
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Enfatizó que los jueces de distrito estén impedidos a emitir suspensiones generales significa un gran retroceso en la democratización de la justicia y daña el Estado de derecho.
“(Es) un gran retroceso para el principio y el derecho humano de acceso a la justicia, es el más grande retroceso, entonces puede haber un día en el que el Congreso emita una ley que nos quite derechos humanos y no haya forma de poner límites”, advirtió.
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