El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para impugnar el tope salarial para el presidente de la República y la reducción por mil 71 millones de pesos en su presupuesto para 2020.
La controversia no sólo es en contra del ejecutivo federal sino también de la Cámara de Diputados, por haber aprobado una disminución del presupuesto que ejercerá el organismo electoral este año.
El medio de control constitucional fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien ya admitió las demandas que interpusieron el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órganos que también impugnaron el Presupuesto de Egresos respecto al tema del salario del primer mandatario y a los que la ministra les negó la suspensión.
En su escrito, el INE pide al máximo tribunal del país declare la invalidez del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, específicamente por lo que hace en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, en el que se fija el presupuesto para el organismo por un monto de 16 mil 160 millones 795 mil pesos.
Consecuentemente, pidió a los ministros declare inválidas las adecuaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y que se relacionan con la reducción de mil 71 millones de pesos que el presupuesto a ejercer por el INE.
Cabe recordar que el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó desde el 2 de enero una demanda de amparo, para impugnar el posible y eminente procedimiento de responsabilidad que pudiera entablarse en su contra por la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo, al pagar salarios superiores a los establecidos en el paquete presupuestal. Ante ello, la juez Ana Luisa Priego, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, le concedió el pasado 21 de enero la suspensión provisional al funcionario electoral.
Este marte, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dio de plazo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, un informe previo, el que deberá rendir por duplicado y dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, y fijó la audiencia incidental a las 09:05 horas de este miércoles.
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