La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría discutir la semana entrante una posible inconstitucionalidad en la extinción de 109 fideicomisos en 2020.
El proyecto a cargo del ministro Gutiérrez Ortíz Mena avalará o declarará inconstitucionales las modificaciones a 17 leyes, así como la eliminación de dos más, en temas de salud, deporte, ciencia, tecnología, medio ambiente, protección civil, cultura y cinematografía.
Dichos cambios realizados a la Constitución se hicieron, de acuerdo con las bancadas oficialistas, con el fin de contar con más recursos para comprar vacunas contra el Covid-19, que en aquel momento vivía uno de los picos más altos de contagios y fallecimientos en México.
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La acción de inconstitucionalidad fue presentada ante La Corte por bancadas de la oposición política, luego de realizar decenas de reservas legislativas para frenar el decreto, mismas que no rindieron frutos.
La extinción de dichos fideicomisos representó una cantidad de 68 mil 400 millones de pesos, dinero que entró a la Tesorería de la Federación con el fin de mitigar las consecuencias del Coronavirus.
Las leyes impugnadas por representantes de partidos opositores en el Senado de la República son:
- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
- Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo;
- Ley de Hidrocarburos;
- Ley de la Industria Eléctrica;
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- Ley General de Protección Civil,
- Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
- Ley de Ciencia y Tecnología;
- Ley Aduanera;
- Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario;
- Ley General de Cultura Física y Deporte;
- Ley Federal de Cinematografía;
- Ley Federal de Derechos;
- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo;
- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados;
- Ley General de Cambio Climático;
- Ley General de Víctimas.
El proyecto, enlistado desde diciembre de 2023, corre a cargo del ministro Gutiérrez Ortíz Mena, aunque aún no se conoce la versión pública ni la postura de Ortíz Mena ante la impugnación de la oposición política.
La eliminación de estos fondos económicos se dio el 21 de octubre de 2020 en la cámara de senadores, con una votación de 64 legisladores a favor y 39 en contra. Dicho decreto entró en vigor el 7 de noviembre de ese año, un día después de que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
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Respecto a la Primera Sala, podría discutirse un tema de falta de aplicación de perspectiva de género dentro de un procedimiento penal contra una mujer acusada de trata de personas.
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