La senadora Nestora Salgado entregó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, una lista de 199 personas consideradas presos políticos que podrían ser beneficiados con la amnistía ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En rueda de prensa celebrada este viernes en la sede de la dependencia federal, la legisladora de Morena informó que se trata de 199 casos identificados en 18 estados del país, de los cuales 19 corresponden a mujeres y 180 a hombres.
La legisladora de Morena comentó que las entidades con mayor número de casos son el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y principalmente Guerrero.
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Agregó que muchos de estos presos son activistas, luchadores sociales, presos de conciencia y también, “por qué no decirlo, estamos revisando muchos expedientes de los que han sido culpados por delitos fabricados”.
“Recibimos casos de indígenas criminalizados, que incluso ya fueron sentenciados, ante lo cual, expertos y relatores especiales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se han pronunciado”, refirió.
Nestora Salgado agregó que hay casos de comuneros que fueron detenidos en operativos conjuntos de fuerzas de seguridad, con lujo de violencia, además de los casos de periodistas criminalizados y desplazados, cuyos expedientes deben ser analizados a profundidad.
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La legisladora federal afirmó que “es una realidad, a pesar de que haya quienes lo nieguen, existen presos o personas privadas de su libertad por sus ideas, por su activismo en la lucha social; asimismo, existe un patrón de procesos judiciales altamente viciados en el fuero común y en el fuero federal”.
Entre los casos que se incluyen está el de seis pobladores de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, que fueron condenados a 50 años de cárcel por el presunto asesinato de un empresario.
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También se enlista el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), en Guerrero, cuyos integrantes están en el penal Las Cruces de Acapulco.
Así como Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien la propia legisladora reconoció que fue su compañero.
La senadora dio a conocer que se acordó convocar a las autoridades correspondientes de Gobernación y a las familias para que estén presentes en las mesas de trabajo que sobre este tema se van a realizar en el Senado de la República.
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