Un grupo de senadores de Morena exigió no obstaculizar la actividad de las Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda en materia de outsourcing y solicitó que el dictamen lo discuta el Pleno. Asimismo aseguraron que no existe pacto alguno con grupos empresariales para realizar modificaciones en el dictamen.
Advirtieron que sería un “grave e histórico error’’ avalar cualquier cambio que privilegie actividades de las que no existe consenso sobre su naturaleza dañina para México, debilitando a la verdadera y legal subcontratación, pero sobre todo los derechos de los trabajadores y al erario.
El bloque de senadores morenistas, entre otros: Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres Guadarrama, Germán Martínez, Aníbal Ostoa, Daniel Gutiérrez, José Narro, Ovidio Peralta, Blanca Piña, Gloria Sánchez y Antares Vázquez.
El documento que socializaron los voceros del senador Gómez Urrutia, advierte que no pactaron o acordaron con grupos empresariales, grupos de outsourcing, o persona alguna, el que se modificara su dictamen aprobado.
Por el contrario, señalan los senadores, se decidió escuchar y recibir propuestas que lo pudieran enriquecer, pero jamás destruirlo al grado de privilegiar el que se perpetúe el outsourcing nocivo, en detrimento del outsourcing correcto.
“Jamás se pactó que se llegara al extremo de legalizar la actividad delictiva de aquellos grupos criminales que se han enquistado en México en detrimento de los derechos de los trabajadores, del IMSS y la Hacienda Pública (tal y como expusieron las cabezas de la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el IMSS y el INFONAVIT)’’.
Se indica que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda definen con claridad en la propuesta de reforma al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, la figura de subcontratación legal y se establece, con igual claridad, cuándo se está ante el ilegal.
El precepto antes referido, no deja a interpretaciones la determinación de la subcontratación permitida por la ley y cuándo se está ante una subcontratación que riñe con ésta y por ende resulta ilegal, señala el posicionamiento de los senadores.
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