De acuerdo con datos de la Embajada de Estados Unidos en México, se espera que el procedimiento de justicia abreviado se incremente del 10 al 30 por ciento para el año 2022 y que los mecanismos alternativos de disputa aumenten de 6 a 25% en 12 de Estados donde se implementa el Sistema de Justicia que es apoyado por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en el marco del Plan Mérida.

De hecho, este programa financia diversos proyectos para difundir, vigilar y evaluar la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Centros Jurídicos y Observatorios Ciudadanos.

Y desde 2011, representantes de las Procuradurías y Fiscalías Estatales, esto es fiscales, ministerios públicos y peritos, asisten a intercambios profesionales con sus homólogos estadounidenses.

Estas actividades que se realizan dos o tres veces al año, promueven de mejor manera el conocimiento del Sistema Acusatorio.

Además, cada año jueces federales y estatales de todo el país, participan en viajes de estudio al Instituto de Estudios Jurídicos en Puerto Rico, donde intercambia conocimientos y mejores prácticas con sus homólogos puertorriqueños, quienes ejercen el sistema acusatorio hace casi un siglo.

Dentro de las acciones de Iniciativa Mérida se ofrece asistencia técnica para homologar la enseñanza del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a nivel universitario.

También para establecer una certificación nacional para los nuevos abogados recién egresados y con ello, comprueben los conocimientos adquiridos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio así como sus habilidades de litigación oral.

RETOS DE 100 DIAS

La Embajada de Estados Unidos en México informó que en el esfuerzo que hace USAID para mejorar la respuesta en delitos que afectan a los ciudadanos, se formaron equipos en cada ciudad. Se identificaron problemas, soluciones y una meta a alcanzar en 100 días.

Así, en la ciudad de Chihuahua, el aumento fue de 8 casos resueltos al mes a 85 en el robo a comercios; en Monterrey se pasó de 25 a 65 casos en robo a comercios y de 20 a 70 casos en violencia familiar.

También participaron ciudades de San Luis Potosí y Zacatecas así como como Mexicali y Tijuana en estos “Retos de 100 días”.

USAID también apoya a autoridades municipales, estatales y federales para prevenir, investigar y procesar violaciones de derechos humanos. Se incluyen tortura, desapariciones forzadas feminicidios y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos.

Brinda asistencia a los servicios periciales en México a fin de lograr la acreditación internacional de sus operaciones, mediante la capacitación de peritos y donación de equipo a laboratorios forenses para cumplir con los estándares ISO 17020 y 17025.

A esta fecha, 37 Laboratorios en 8 Estados de la República y 4 Laboratorios de la Procuraduría General de la República están acreditados por el líder mundial en la acreditación de servicios forenses.

Y actualmente la Embajada de Estados Unidos en México colabora con laboratorios forenses en 29 estados del país con la meta de lograr la acreditación internacional de sus servicios periciales en 7 disciplinas:

Criminalística de Campo, Balística, Lofoscopía. Documentos Cuestionados, Química, Genética y Medicina Forense.

LA HISTORIA

Cabe recordar que desde hace una década todas las entidades federativas reciben apoyo bajo el marco de la Iniciativa Mérida con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad.

Así, el gobierno de los Estados Unidos apoya los esfuerzos de México para reforzar el Estado de Derecho y la capacidad para ejercer la procuración de justicia a través de capacitación y profesionalización de policías; acreditación internacional de centros penitenciarios y laboratorios forenses y administración con base en estándares internacionales de derechos humanos.

Además, ayuda al gobierno de México a aumentar la transparencia e integridad y apoya sus esfuerzos para reducir la corrupción e impunidad.

En este marco, 10 mil jueces, fiscales, ministerios públicos y peritos ya recibieron capacitación. Se equiparon 301 salas de juicios orales en los 32 Estados de la República bajo los requisitos del Sistema Penal Acusatorio.

Desde 2009, el gobierno de los Estados Unidos ha entregado cerca de 300 millones de dólares para apoyar las reformas al Sistema de Justicia Penal.

Y otorgado 1.6 mil millones de dólares en equipo, capacitación y asistencia técnica al gobierno de México. Sólo la Policía Federal, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina junto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), recibieron desde el 2008 del gobierno estadounidense donaciones en equipo con un valor de 175 millones de dólares.

También se instalaron 102 equipos tecnológicos y de soporte técnico en Defensorías Públicas y Agencias del Ministerio Público, para facilitar la cadena de custodia y el buen manejo de la información relacionada al proceso penal.

Se incluye la donación de elementos caninos, equipamiento y capacitación a unidades caninas para la detección de armas, drogas y dinero en puertos de entrada marítimos, aéreos y terrestres.