Un día después de la jornada electoral, el Gobierno federal promulgó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que incluye el artículo décimo tercero transitorio, conocido como “Ley Zaldívar” porque prolonga por dos años más el periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual legalmente terminaba en 2022.
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (en este caso, Arturo Zaldívar) durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, indica el artículo de la legislación publicada la madrugada en el DOF con las firmas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero.
La llamada Ley Zaldívar fue cuestionada por la oposición y especialistas en Derecho desde su aprobación por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, en abril de este año.
Los críticos de la Cuatroté ven un riesgo de que el primer mandatario intente someter al Poder Judicial debido a su cercanía con el ministro Zaldívar o que incluso éste sea un ensayo para que el propio López Obrador extienda su presidencia por más tiempo. Para los abogados el problema es jurídico.
Luego de que el Senado avalara la ley, el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, recordó en sus redes sociales que el artículo 97 de la Constitución establece que cada cuatro años el pleno de la SCJN debe elegir de entre sus miembros a su presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
En otras palabras, advirtió que el artículo transitorio incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial para extender el mandato de Zaldívar era inconstitucional.
A partir de ayer, se abrió un plazo de 30 días para que un tercio de la Cámara de Diputados o un tercio del Senado presenten acciones de inconstitucionalidad.
Tras conocer la publicación del decreto en el DOF, un grupo de legisladoras de oposición adelantó que ya reúnen las 167 firmas necesarias para interponer ante la Corte una controversia constitucional.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, dijo a El Sol de México que están recabando las firmas y confían en que una vez que retornen los diputados titulares a sus curules, tras el proceso electoral, podrán reunir las 167 requeridas.
Tagle recordó que desde que se aprobó esta reforma, la oposición ha estado trabajando la acción de inconstitucionalidad y ya tienen muy avanzado el tema. “Sólo resta actualizar las firmas porque las firmas deben ser de legisladores en funciones y hay varios que estaban de suplentes, por lo que se deben cambiar estas firmas”, explicó.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se pronunció a favor de invalidar la Ley Zaldívar, ya que se trata de un acto de injerencia de un poder del Estado a otro.
Al fijar su postura, los juzgadores señalaron que “no existe duda de que el Tribunal Constitucional actuará a la altura de la demanda ciudadana e invalidará el artículo transitorio”.
El origen de la controversia
En marzo, López Obrador envió al Senado una iniciativa para crear una nueva Ley Orgánica que combatiera el nepotismo, la corrupción y el acoso sexual al interior del Poder Judicial de la Federación.
Durante la discusión se incluyó una reserva del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, para adicionar el artículo décimo tercero transitorio que amplía el cargo del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte. Éste pasó inadvertido por los senadores de oposición.
Por ese descuido la legislación pasó a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tenían la mayoría necesaria para avalarla sin problema.
López Obrador ha defendido la prolongación del mandato de Zaldívar al considerar que él garantiza que el combate a la corrupción y nepotismo de los jueces no sea letra muerta, al ser una “gente honorable, íntegra” que “no pertenece a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país”.
“Consideramos que el ministro Arturo Zaldívar es una gente íntegra que podría llevar a cabo en dos años esa reforma. Y él termina como ministro en el 2024 y se tiene que ir, no es una reelección”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del 26 de abril.
Agregó que “sí son importantes las instituciones, fundamentales, pero también los hombres o las mujeres que las dirigen”.
Además de la prolongación del mandato de Zaldívar, el artículo transitorio también contempla la extensión del periodo de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal.
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De esta forma, si la ley no es revertida en tribunales, el consejero nombrado el 1 de diciembre de 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023, el nombrado el 24 de febrero de 2019 terminará sus funciones el 23 de febrero de 2026 y el nombrado el 18 de noviembre de 2019 se prolongará hasta el 17 de noviembre de 2026.
Asimismo, las consejeras designadas el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026 y el consejero nombrado el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.
Con información de Rafael Ramírez
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