Congreso reconoce operación de grupos criminales en carreteras; piden aumentar seguridad

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció, a través de un punto de acuerdo, la existencia de grupos criminales que operan en importantes rutas de transporte en todo el país, lo que aumenta la percepción de inseguridad y desalienta las inversiones.

La autoridad debería garantizar el derecho de libre tránsito de las personas y su seguridad en las carreteras del país, por lo que el pleno de la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo para exigir a las autoridades que mejoren la calidad y el servicio de las vías federales.

La diputada proyectista, Edna Gisel Díaz Acevedo del PRD, aseguró que las obras de infraestructura carretera, ferroviaria y de transporte y comunicaciones en general son prioritarias para lograr el desarrollo económico y social del país.

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La perredista calificó como preocupante que para este año los 11 mil millones de pesos que autorizó la Cámara de Diputados para bacheo, rencarpetado, barreras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, entre otras acciones de mantenimiento, se hayan cancelado o reasignado a otros gastos y rubros del gobierno Federal.

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Recordó que por las carreteras y caminos del país se movilizan más del 96 por ciento de los pasajeros al año, mientras que en trasporte aéreo sólo el tres por ciento, y en lo que se refiere al transporte de carga, el 80.9 por ciento se moviliza por carretera.

En el documento, senadores y diputados solicitaron también a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que implemente acciones de capacitación a los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en carreteras y caminos federales.

Por otro lado, en otro resolutivo los legisladores pidieron a la dependencia que supervise y en su caso sancione el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país.

“A nivel nacional las tarifas cobradas por parte de los concesionarios del servicio de grúa que poseen placas de servicio público federal, son excesivas y completamente arbitrarias, lo cual pone a los usuarios en un estado de completa indefensión ante los abusos cometidos”.

Detallaron que las empresas que prestan el servicio de grúa lo hacen de una manera irregular e incluso algunas de éstas operan sin exhibir adecuadamente los permisos, sin tenerlos actualizados o bien, sin contar con ellos, lo cual les permite cobrar tarifas demasiado altas sin ser sancionados por la autoridad.

También pidieron a los titulares de la SICT, Jorge Nuño Lara, a Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, titular de la CAPUFE, y a David Aguilar Romero, titular de la Profeco, que fortalezcan los mecanismos de supervisión de las comisiones que se cobran por las recargas en las tarjetas TAG; así como de vigilancia de los derechos y beneficios que tienen los conductores y pasajeros por pagar un peaje en las diversas carreteras y autopistas de nuestro país.

También requirieron a CAPUFE revisar la factibilidad legal y presupuestaria para exceptuar el peaje en todas las casetas de cobro que conforman la Autopista del Sol durante el ejercicio fiscal 2024, a efecto de incentivar la recuperación económica, turística y social de Acapulco.

De igual forma exhortaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que en el ejercicio de sus atribuciones fortalezca los mecanismos de revisión del adecuado funcionamiento del servicio de postes y teléfonos de emergencia, así como del señalamiento vial en las carreteras del país.

Finalmente, el Congreso hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que informe a esta soberanía el avance del programa presupuestario k032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras durante 2024.