Para evitar cualquier manifestación de descontento social en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la construcción del Tren Maya en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró una “agenda de riesgos” para cerrarle el paso a cualquier “eventualidad de tipo social-delincuencial”, de acuerdo con documentos filtrados por el grupo Guacamaya.
Ayer, El Sol de México publicó que el Ejército teme un levantamiento social por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en oposición a las megaobras del presidente.
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De acuerdo con un documento confidencial que fue enviado por la Sedena al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), y que forma parte de los miles de correos electrónicos que fueron sustraídos al Ejército en el ataque cibernético de la organización Guacamaya, López Obrador tiene un blindaje especial en estas giras de supervisión a las regiones donde se construye el Tren Maya.
En las últimas giras del mandatario por esa región (agosto y septiembre), el Ejército implementó distintas “líneas de acción” en los puntos donde tuvo actividades el jefe del Ejecutivo federal que comprendieron “seguimiento al activismo político y social de la región” y la “identificación de líderes de manifestaciones sociales, capacidades y poder de convocatoria con el propósito de detectar posibles bloqueos”.
Por ejemplo, en las “agendas de riesgo” que presenta este documento, la institución castrense que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval instruye a las Zonas Militares de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que “establezcan comunicación con las diferentes dependencias de los gobiernos estatales” durante los recorridos del presidente.
Ello con el propósito de “coordinar y prevenir cualquier eventualidad de tipo social-delincuencial que se pudiera presentar en el área donde el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos desarrollará sus actividades”.
Por ejemplo, en la gira que realizó López Obrador entre el 2 y el 3 de septiembre por Quintana Roo el Ejército advierte como “punto crítico de riesgo” el “arribo de integrantes de diversas organizaciones sociales (en Cancún) como volqueteros, redes feministas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como de habitantes, con el fin de expresar sus demandas, principalmente de seguridad”.
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