A la Corte, reformas electorales estatales

Partidos políticos de todas las ideologías y colores llevaron hasta la arena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus pugnas por las reformas a leyes y códigos electorales de 13 estados del país, esto de cara a los comicios del próximo año.

Según registros del máximo tribunal del país, a la fecha, hay una veintena de acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI, Morena, PAN, PRD, PT y otros institutos políticos, las cuales deberán ser analizadas y resueltas por los ministros de la Suprema Corte antes de que inicien los procesos electorales estatales.

Por ejemplo, en las próximas semanas la Suprema Corte deberá revisar las impugnaciones impulsadas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra las reformas a las leyes electorales de Michoacán y Querétaro, las cuales, a su decir, afectan el régimen democrático.

En el caso de Querétaro, Morena señala que en la reforma para ser postulado a la gubernatura, el pedir la residencia en el estado de cuando menos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la elección, deja sin opción a quienes sean ciudadanos o ciudadanas mexicanas y hayan nacido en la entidad, por no acreditar la residencia mínima en el territorio estatal.

En Sinaloa, un partido político local llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo del Congreso de la entidad para posponer la emisión de la convocatoria del proceso electoral 2020-2021, del 15 de septiembre al 15 de diciembre.

En Tabasco el PRI y el PAN se unieron para impugnar la desaparición de las Juntas Electorales Municipales, aprobada por el Congreso del estado, al considerar que existen riesgos de que se presenten anomalías en la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Mientras que en Veracruz el PRD se sumó a Acción Nacional y al Revolucionario Institucional para intentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta la reforma avalada por el Congreso local y que le quita la mitad de las prerrogativas a los partidos políticos y protege al gobernador contra la revocación de mandato mediante una consulta ciudadana.