La detención de Juan Melquiades Vergara Fernández, precandidato a diputado federal por el PRD, y ex secretario de Finanzas del Estado de Quintana Roo, por el presunto delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, es un proceso que se está desarrollando y del cual estará pendiente su partido para que no sean violados sus derechos, justificó el dirigente nacional del sol azteca, Manuel Granados Covarrubias.
Entrevistado durante la Asamblea de general de Organizaciones Sociales, Granados Covarrubias advirtió que “no es un requisito de elegibilidad que le inicien un proceso” a Vergara Fernández, quien está acusado de ser uno de los beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero al recibir presuntamente en 2015 un millón 430 mil 619 pesos de una empresa y de otra, 49 millones 259 mil 351 pesos, indicó Israel Lira, subprocurador de Investigación a la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, quien advirtió que el trabajo de la dependencia “es ajeno a cualquier agenda política”.
El líder perredista indicó que en su partido estarán muy atentos siempre a cumplir con el tema de la ley, pero atajó que también de las investigaciones que se realizan, de las cuales opinó que “espera que no haya una violación al debido proceso y a los derechos que tiene”, y acotó que habrá que esperar a que la propia autoridad “tenga la solidez en la carpeta de investigación” en el caso.
Recordó que su precandidato a diputado federal “en su momento también denunció a varios servidores públicos, y bueno, que se deslinden las responsabilidades que tengan que deslindarse y en este sentido estaremos muy pendientes de darle seguimiento legal” advirtió.
Juan Melquiades Vergara fue secretario de Finanzas del Estado de Quintana Roo con la actual administración del gobernador Carlos Joaquín González hasta el 8 de enero y el pasado 15 de enero presentó su solicitud como precandidato a diputado federal por el PRD.
Durante su gestión como funcionario, Vergara tuvo como objetivo negociar la deuda estatal que dejó la anterior administración de Roberto Borge, que ascendía a más de 30 mil millones de pesos.
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