Según registros de transparencia, durante 2019 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió 303 peticiones de jueces y magistrados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero y el Estado de México para que se les asignara alguna medida de seguridad como escoltas, vehículos blindados, ropa antibalas o cambios de adscripción.
Precisamente en uno de esos estados, a cuatro meses de haber llegado a Colima, el juez federal Uriel Villegas Ortiz fue asesinado ayer junto con su esposa, Verónica Barajas, por un grupo armado que logró ingresar hasta su domicilio.
Fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien interrumpió la sesión del pleno de ministros para denunciar y condenar el homicidio ocurrido en Colima, así como hacer un llamado, junto con sus compañeros, a garantizar la seguridad de la ciudadanía.
“No a la violencia, el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y de los instrumentos que un Estado democrático establece. Es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país y de manera especial para quienes arriesgan su vida para proteger los derechos de todas y todos”, puntualizó.
Precisamente, en las regiones donde operan agrupaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, la Familia Michoacana, el Consejo de la Judicatura Federal ha buscado reforzar la seguridad para juzgadores federales que revisan asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
De las 303 solicitudes presentadas ante el Consejo por las y los impartidores de justicia y que fueron revisadas por la cúpula del Poder Judicial de la Federación, 199 fueron autorizadas. Por motivos de seguridad, el CJF no aportó mayores detalles sobre dichas peticiones y sus alcances.
La preocupación por la integridad de los impartidores de justicia en México comenzó a demostrarse públicamente a finales de 2012 por el entonces presidente de la Corte y de la Judicatura, Juan Silva Meza, quien destacó la complejidad del trabajo como juzgador ante el panorama de inseguridad y violencia que comenzaba a permear en el país.
A ocho años de que el Poder Judicial se aceptara esta preocupación, el juez federal Uriel Villegas fue asesinado junto con su esposa a cuatros meses de ser enviado al estado de Colima y a tres años de ejercer como juzgador especializado en asuntos penales dos de ellos en Jalisco.
En 2018, Villegas llevó uno de los asuntos relacionados con Rubén Oseguera González El Menchito, hijo del capo Nemesio Oseguera El Mencho, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales en Puente Grande Jalisco. En ese caso, el juzgador ordenó en marzo de 2018 el traslado de Oseguera González del penal federal 13 de Oaxaca, donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos, a la cárcel 2 de Occidente, en el Salto, Jalisco.
INVESTIGACIÓN
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que encabezara las investigaciones del asesinato del Juez Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas. Ya solicitó al gobierno de Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), toda la información y apoyos necesarios.
Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo informó que la Guardia Nacional y el CNI se sumarán a las investigaciones para esclarecer el doble homicidio. A su vez, desde el CJF se puntualizó que la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no se detendrá, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que les ha encomendado la Constitución.
“Sabemos que la investigación ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, pero en un marco de corresponsabilidad institucional, esperamos que trabajen de la mano las autoridades federales y estatales para dar con los perpetradores y que estos enfrenten a la justicia”, dijo.
Ante esto, Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación y ministra en retiro, condenó el homicidio y demandó que se esclarezca este caso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también lamentó los hechos,
ASESINADOS
El más reciente caso de un juzgador ejecutado había sido el de Vicente Bermúdez en Metepec, Estado de México. Diez años atrás, el 18 de agosto de 2006, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Hilario Nieto Contreras fue asesinado en Toluca. Un lustro antes, el 11 de noviembre de 2001, los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa.
Con información de Manrique Gandaria | El Sol de México
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