A tres años de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del penal de alta seguridad del Altiplano, sólo 10 de 68 servidores públicos que fueron detenidos permanecen en prisión, y es el exdirector del penal, Valentín Cárdenas, el más reciente en quedar libre por falta de pruebas, con lo que los liberados representan 85.3% de los detenidos.
Tras la fuga del capo —11 de julio 2015—, la PGR detuvo a los policías federales adscritos a la División de Inteligencia encargados de monitorear las 24 horas del día la celda de Guzmán Loera y los acusó de no haber activado el código rojo tras la fuga.
La PGR fincó responsabilidad por delitos de evasión y omisión, al señalar que policías federales omitieron activar el código rojo tras la fuga del capo, pero los abogados de los agentes señalan que tocaba hacerlo al personal de Prevención y Readaptación Social.
Entre los policías federales detenidos estaban Vicente Flores Hernández y Jaime Galindo Hernández, quienes tienen la mayor antigüedad en penales federales.
El primero llevaba 21 años y el otro 18. Hoy están libres por falta de pruebas. Ambos fueron encarcelados en el Cefereso de El Rincón, junto con sus compañeros, y el 16 de agosto del 2017 quedó en libertad Amir Mota Carillo y semanas después se reincorporó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
También quedaron en libertad Miguel Ángel Flores Mirafuentes, así como Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga, funcionarios de alto rango y que fueron exonerados por un juez federal.
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