José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, tramita amparo para evitar la prisión

José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, promovió un nuevo amparo con el objetivo de anular el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

El experredista realizó el trámite el pasado 6 de junio en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, presidido por la jueza Karina Castillo Flores.

Abarca impugna la resolución emitida el 16 de mayo de este año, dentro de la causa penal 15/2022, en la cual se le dictó el auto de formal prisión por su supuesta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Sociedad

AMLO prometió que Sheinbaum dará seguimiento al caso Ayotzinapa: Vidulfo Rosales

El exalcalde es acusado de dar protección a ‘El Gil’, líder del grupo criminal Guerreros Unidos vinculado con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, caso que hasta la fecha no ha sido resuelto.

Luego de que Abarca no solicitara la suspensión del auto de formal prisión, la jueza Castillo Flores programó la audiencia constitucional para el próximo 4 de julio, donde se determinará si se concede la protección de la justicia al solicitante.

• ➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el proceso penal, la FGR presentó testimonios clave como el del testigo protegido "Juan" (Gildardo López Astudillo, alias El Gil), presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, y el del testigo colaborador "Karla", un hombre que actuaba como "halcón" para la organización criminal. Ambos testigos afirmaron que Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, brindaban protección a Guerreros Unidos.

Previamente, Abarca Velázquez buscó otro amparo para desestimar el proceso penal; mismo que se le concedió en junio de 2023. En aquel entonces, un juez de distrito ordenó desechar el auto de formal prisión al considerar que toda vez que la causa penal no se encontraba debidamente fundada y motivada, lo que originó que el Ministerio Público debiera reformular la acusación.