La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una acción anticonstitucional en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La impugnación, fue atraída por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará en su proyecto de sentencia si la ley publicada, el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, no viola los derechos de los servidores públicos al fijar como tope salarial el que percibirá el próximo Presidente de la República.
Igualmente, se notificó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal “para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo”.
Así mismo, se solicitó a las cámaras de Diputados y Senadores una copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Con la acción promovida por la CNDH, el ministro Pérez Dayán analizará si es constitucional que ningún funcionario pueda percibir más de 108 mil pesos mensuales como indicó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, incluidos quienes estés dotados de autonomía constitucional.
Cabe mencionar que la ley que comenzará a surtir efecto al iniciar el ejercicio fiscal 2019 y también contempla la eliminación de las pensiones para los expresidentes.
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