El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar señaló que la Comisión de la Verdad para el Caso Iguala no puede suspender su conformación y debe seguir en marcha, tal y como lo determinó un Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Mediante cuatro acuerdos, Aguilar Morales determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia para conocer de las quejas que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó para abrir incidentes de imposibilidad real, jurídica y material respecto al cumplimiento de ejecutorias de la sentencias que le ordena crear una Comisión de la verdad, por el caso de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Por tanto, señaló que dado lo determinado en el presente proveído no ha lugar a suspender el procedimiento respectivo.
Aguilar requirió a la PGR y al Presidente de la República, para que en tres días, manifiesten ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, sí consideran que existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al respectivo fallo protector.
Esto, para que el Tribunal Unitario cuente con elementos para ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo y se abra la puerta para que los ministros de la SCJN, en su caso y en su momento, valoren la posibilidad de solicitar su atracción y en un futuro lo revisen.
Aguilar Morales indicó que una vez abierto el incidente de inejecución de sentencia el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito deberá hacer del conocimiento de la SCJN para que, en su caso y en su momento, se valore la posibilidad de solicitar su atracción por este Alto Tribunal.
Es de recordar que el pasado 4 de junio, un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Esto hizo que la PGR y la presidencia de la República pidieran a la Corte atracción del caso.
Posteriormente, un magistrado federal suspendió por tiempo indefinido los amparos que ordenaban crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar el caso Ayotzinapa.
La suspensión se dio en atención a la imposibilidad jurídica que argumentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
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