La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al Gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y al Fiscal General estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, por los hechos de violencia ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León, los días 9 y 10 de octubre de 2017, que tuvieron como resultado la muerte de 18 personas internas y 93 más lesionadas.
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El organismo nacional, informó que tras una investigación, acreditó violaciones a los derechos humanos, a la integridad personal, a la reinserción social y al trato digno, atribuibles a servidores públicos del estado de Nuevo León.
Al revisar las carpetas de investigación, se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida -11 de ellas por disparos de arma de fuego- ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.
Por ello, la CNDH concluyó que las condiciones del Cereso Cadereyta, en particular el autogobierno propiciaron el motín de los internos, destacando que el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente.
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Ello porque aún cuando llevaron a cabo acciones como el diálogo y la persuasión, seguido del uso de la fuerza no letal, lo que se consideró adecuado, no les fue posible recuperar el control del centro debido a la falta de equipo de protección y de armamento no letal, por lo que hicieron uso de la fuerza letal.
En tanto que la Fiscalía General no ha llevado a cabo las diligencias tendentes a la investigación de los hechos, esta Comisión Nacional no contó con elementos suficientes para determinar si en la utilización de la fuerza letal concurrieron todos los elementos justificados de la legítima defensa propia o de terceros, ni si en el caso pudo haber ocurrido un exceso de la misma, aunque se reconoce que tanto los custodios retenidos como los propios internos eran víctimas de una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resultaba un peligro inminente.
La CNDH acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del Estado posterior a la recuperación del control del Cereso, ya que golpearon a los internos de manera innecesaria.
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