/ jueves 14 de noviembre de 2024

Crece el crimen en entidades seguras del país

El crimen aumentó en seis de las 10 entidades consideradas por sus habitantes como las más seguras del país

Los homicidios aumentaron en seis de las 10 entidades consideradas por sus habitantes como las más seguras del país el año pasado.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el año pasado las entidades con menor percepción de inseguridad fueron Yucatán, Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Durango y Tlaxcala. De estos territorios, en seis aumentaron los homicidios dolosos en los primeros nueve meses del año con respecto al mismo periodo de 2023.

Hasta septiembre de este 2024, Baja California Sur es la entidad que tuvo un aumento más drástico en la violencia con un incremento de 160 por ciento en los homicidios. Aunque Aguascalientes, Yucatán, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala también presentan un alza de hasta 53 por ciento en asesinatos respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El estudio del IMCO mide las condiciones en que viven y trabajan las y los mexicanos en las entidades federativas, incluida la percepción que tienen las personas sobre la seguridad en sus entidades federativas.

De las 10 entidades con mayor percepción de seguridad en 2023, Baja California es la que más aumento de homicidios ha registrado este año.

El 21 de septiembre de este año, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, se reportó la desaparición de los policías José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores, quienes se encontraban fuera de servicio. Días después, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó su fallecimiento y explicó que los hechos se derivaron de una confrontación con presuntos grupos delictivos en la entidad.

También en septiembre se registró un incidente en una plaza comercial ubicada al norte de Mérida, Yucatán, donde un empresario automotriz, identificado como José Ángel Dávila Beltrán, fue asesinado a balazos en las inmediaciones de un bar.

En Aguascalientes, el alza de homicidios no pasa desapercibida en la comunidad ni en el gobierno local. En julio de este año, el secretario de gobierno de la entidad, Florentino Reyes Berlié, indicó que este fenómeno se debe a detenciones de integrantes del crimen organizado.

“Estas semanas recientes ha habido algunas detenciones importantes, donde en conjunto con las autoridades federales se han detenido a importantes personas que han estado infringiendo la ley en el estado (...) No es motivo para bajar la guardia; independientemente del origen que se ocasionen estos hechos, se sigue trabajando todos los días para hacer que Aguascalientes siga siendo un estado seguro y que estos incidentes no afecten la tranquilidad y prosperidad del estado”, dijo Reyes Berlié.

En Nayarit, en agosto de este año también, se reportó el asesinato de cuatro personas y tres heridas en un ataque armado perpetuado en la zona de San Cayetano.

La violencia en Sinaloa ya es un tema conocido a nivel nacional. Desde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, gestada presuntamente por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, los ataques armados, tretas y detenciones han disparado la violencia en la entidad.

En el municipio de Nanacamilpa, en Tlaxcala, una pareja fue asesinada a balazos cuando se encontraban en su domicilio. Los hechos fueron denunciados por el hijo de la pareja, quien al llegar a la casa se percató de la muerte, que fue acompañada de un mensaje.

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Para combatir el tema de la inseguridad en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, han planteado una estrategia de cuatro ejes basado en la atención a las causas y la implementación de la inteligencia y tecnología en la investigación de delitos.

Apenas este 13 de noviembre, el Senado de la República avaló una reforma constitucional en la que se plantea modificar el artículo 21 de la Carta Magna para conceder mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, que le permitirá participar en la investigación de delitos en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Los homicidios aumentaron en seis de las 10 entidades consideradas por sus habitantes como las más seguras del país el año pasado.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el año pasado las entidades con menor percepción de inseguridad fueron Yucatán, Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Durango y Tlaxcala. De estos territorios, en seis aumentaron los homicidios dolosos en los primeros nueve meses del año con respecto al mismo periodo de 2023.

Hasta septiembre de este 2024, Baja California Sur es la entidad que tuvo un aumento más drástico en la violencia con un incremento de 160 por ciento en los homicidios. Aunque Aguascalientes, Yucatán, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala también presentan un alza de hasta 53 por ciento en asesinatos respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El estudio del IMCO mide las condiciones en que viven y trabajan las y los mexicanos en las entidades federativas, incluida la percepción que tienen las personas sobre la seguridad en sus entidades federativas.

De las 10 entidades con mayor percepción de seguridad en 2023, Baja California es la que más aumento de homicidios ha registrado este año.

El 21 de septiembre de este año, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, se reportó la desaparición de los policías José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores, quienes se encontraban fuera de servicio. Días después, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó su fallecimiento y explicó que los hechos se derivaron de una confrontación con presuntos grupos delictivos en la entidad.

También en septiembre se registró un incidente en una plaza comercial ubicada al norte de Mérida, Yucatán, donde un empresario automotriz, identificado como José Ángel Dávila Beltrán, fue asesinado a balazos en las inmediaciones de un bar.

En Aguascalientes, el alza de homicidios no pasa desapercibida en la comunidad ni en el gobierno local. En julio de este año, el secretario de gobierno de la entidad, Florentino Reyes Berlié, indicó que este fenómeno se debe a detenciones de integrantes del crimen organizado.

“Estas semanas recientes ha habido algunas detenciones importantes, donde en conjunto con las autoridades federales se han detenido a importantes personas que han estado infringiendo la ley en el estado (...) No es motivo para bajar la guardia; independientemente del origen que se ocasionen estos hechos, se sigue trabajando todos los días para hacer que Aguascalientes siga siendo un estado seguro y que estos incidentes no afecten la tranquilidad y prosperidad del estado”, dijo Reyes Berlié.

En Nayarit, en agosto de este año también, se reportó el asesinato de cuatro personas y tres heridas en un ataque armado perpetuado en la zona de San Cayetano.

La violencia en Sinaloa ya es un tema conocido a nivel nacional. Desde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, gestada presuntamente por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, los ataques armados, tretas y detenciones han disparado la violencia en la entidad.

En el municipio de Nanacamilpa, en Tlaxcala, una pareja fue asesinada a balazos cuando se encontraban en su domicilio. Los hechos fueron denunciados por el hijo de la pareja, quien al llegar a la casa se percató de la muerte, que fue acompañada de un mensaje.

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Para combatir el tema de la inseguridad en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, han planteado una estrategia de cuatro ejes basado en la atención a las causas y la implementación de la inteligencia y tecnología en la investigación de delitos.

Apenas este 13 de noviembre, el Senado de la República avaló una reforma constitucional en la que se plantea modificar el artículo 21 de la Carta Magna para conceder mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, que le permitirá participar en la investigación de delitos en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

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