GUANAJUATO, Gto.- El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato, Héctor Alonso Díaz Esqueda manifestó que en los más de dos años que tiene de creación el organismo, se han realizado más de 500 acciones de búsqueda en vida y lamentablemente se tienen que hacer las búsquedas en campo. A nivel nacional, esta entidad es la única que tiene células de búsqueda en todos los municipios.
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Al participar en el análisis de una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con el fin de reconocer el derecho humano a ser buscado en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el funcionario subrayó que sí existe el derecho y la necesidad de buscar a todas y cada una de las personas que en este momento lamentablemente no se encuentran reunidas con sus familiares.
“Todos los que llevamos a cabo acciones de búsqueda que, de acuerdo a la ley nos tenemos que regir bajo el protocolo homologado de búsqueda, la obligación de búsqueda de la persona desaparecida o no localizada es tan importante, pero son dos caminos diferentes, como la obligación de la investigación de los hechos que ocasionan u ocasionaron la imposibilidad de localizar a una persona en un tiempo determinado”, apuntó.
Reconoció que existe una excelente y absoluta coordinación con la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias, “y si bien a la comisión no le corresponde, siempre tenemos esa coordinación”.
Agregó que no se puede negar que la búsqueda de personas se debe realizar de una manera conjunta “y es una función en la cual trabajamos los tres órdenes de gobierno, y las comisiones, la Nacional de Búsqueda, sin que sea una subordinación, las comisiones estatales de búsqueda, en este caso la de Guanajuato, las Fiscalías Federal y Estatal y las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
Díaz Esqueda precisó que los tres órdenes de gobierno tenemos la obligación de llevar a cabo la búsqueda de manera inmediata, desde el momento en que se reporte una persona desaparecida”.
Enseguida, presumió “somos el único estado a nivel nacional que tiene en los 46 municipios una célula municipal de búsqueda, que es de manera multidisciplinaria”.
De igual forma, resaltó que para seguridad de quienes se unen a las búsquedas, se encuentra personal de la secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de las policías municipales y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como de un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar que las familias no sobran ningún tipo de revictimización.
Para finalizar, dijo que no es necesario que exista alguna carpeta de investigación o una denuncia para poder comenzar de inmediato a la búsqueda de personas desaparecidas, “de ahí la importancia de trabajar con las células de búsqueda municipales y se han localizado a personas en un lapso de setenta y dos horas antes de que se pidiera la denuncia, en cuatro o cinco horas por las causan que sean”.
A su vez, la presidenta de la comisión de Gobernación, Susana Bermúdez manifestó que hay coincidencia que este es un tema que adolece no solo al estado ni a México, sino a nivel mundial es un tema muy importante que se debe voltear a ver y se sigue en este camino para perfeccionar las normas.
Recordó que ahorita en el mes de marzo se cumplen tres años de la Ley de Búsqueda del Estado de Guanajuato y también fue aprobado por Agenda Común, porque es sin distingo de partidos políticos o colores.
De igual forma, dijo que en esta legislatura se tiene en Agenda Común el estudio que va avanzado en el acercamiento para reconocerlo como derecho humano, independientemente del estudio jurídico o de la técnica legislativa o de la viabilidad.
A esta comisión le corresponderá en su momento analizar una vez que se haga llegar un proyecto, de la Ley de Búsqueda, concluyó.
Sergio Jaime Rochin del Rincón, comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas, coincidió de manera general que la iniciativa garantizará el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas. Vio positiva la incorporación del derecho en el texto constitucional del estado por permitir atender el fenómeno sin la creación de nuevas dependencias y la reorientación de recursos ya existentes.