GUANAJUATO, Gto. - La diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá, presentó un punto de acuerdo a fin de solicitar a la Cámara de Diputados para que destine, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024, los recursos necesarios para que los Poderes Judiciales de los estados implementen el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y posterior dictaminación.
Cristina Márquez Alcalá señaló que, de acuerdo con lo dicho por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere la asignación de más de 56 mil millones de pesos para la atención de las necesidades de las 32 entidades federativas.
Recordó que el pasado 7 de junio de 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tendrá incidencia en la vida de millones de personas en tanto busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
La congresista indicó que, de acuerdo a los datos del Censo Nacional de Justicia Estatal del INEGI, en 2021 ingresaron en el conjunto de los tribunales estatales del país 2 millones 130 mil 586 asuntos.
De éstos, el 45 por ciento corresponden a cuestiones de naturaleza familiar y 25 por ciento a la materia civil. Además, mencionó que, según el INEGI, el 70 por ciento de la litigiosidad nacional, (casi 1.5 millones de juicios), corresponde a conflictos que tienen que ver con divorcios, pensiones alimentarias, custodias, adopciones, arrendamientos, contratos y sucesiones.
Agregó que la implementación de las diversas disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presenta retos extraordinarios para las entidades federativas que corresponderá a los poderes judiciales de los estados su implementación.
“Sabemos que no basta cambiar la ley para transformar la realidad. Los retos de implementación de la nueva justicia son enormes para los poderes judiciales de las entidades federativas”, puntualizó.
Dijo que las exigencias financieras incluyen nueva infraestructura, adaptaciones en los espacios físicos y una importante inversión en capacitación y en recursos tecnológicos que permita que la centralización normativa tenga el éxito deseado y no genere, por el contrario, una justicia lenta, onerosa e insatisfactoria”, por lo que la implementación de las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representan retos extraordinarios para las entidades federativas.
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“Esperamos que como ha ocurrido en aquellos casos en los que se han impulsado cambios estructurales en la consolidación de las instituciones de impartición de justicia en el país, se destinen los recursos presupuestales suficientes para que la nueva ley cuanto antes sea una realidad”, finalizó.