Irapuato, Gto. (OEM).- Rolando Alaniz Rosales, presidente del clúster automotriz en el estado de Guanajuato, con respecto a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, expresó que el análisis de la reforma aún está en proceso dentro del sector, sin embargo, dijo que sea cual sea la decisión esta debe garantizar el Estado de Derecho a las empresas del estado.
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En entrevista, Alaniz Rosales detalló que si bien no hay un dictamen final de la aprobación de esta reforma, ésta debe ser bien analizada y fundamentado sus impactos tanto positivos y negativos para con base en eso poder garantizar la libertad y los derechos fundamentales de las sociedades democráticas.
Cabe resaltar que durante los últimos días, otros sectores de la población, como a los mismos trabajadores del Poder Judicial y la sociedad civil en general han denunciado que esta aprobación de la reforma sí puede llegar a representar un riesgo para la democracia del país y el desarrollo económico del mismo, ya que muchos han afirmado que se colocarán personas sin las habilidades requeridas en estos puestos, además de que también puede poner en peligro al Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
“Aunque el tema se ha vuelto muy político, también tiene su parte positiva, debido a que hoy en día, el país requiere cambios importantes legales y sí, esto va a ayudar a que el país baje sus índices de inseguridad, estaríamos a favor como industriales”, expresó.
No obstante, el presidente del clúster automotriz adoptó una postura cautelosa, reconociendo la complejidad técnica de la reforma.
“No podemos juzgar si estamos a favor o en contra, ya que es un aspecto muy técnico. Sabemos que se han señalado temas que podrían ser dudosos o manipulables, pero al final de cuentas, creemos que lo que nos toca como industria es tener la confianza en que nuestras autoridades están tomando las mejores decisiones para asegurar un cambio en lo que hoy en día nos aqueja como sociedad”, concluyó Alaniz Rosales.
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La reforma al Poder Judicial continúa siendo un tema de amplio debate, con diversas perspectivas emergiendo desde distintos sectores. Mientras el clúster automotriz mantiene una postura equilibrada y optimista, otros actores en la sociedad y el ámbito judicial han planteado preocupaciones sobre posibles riesgos para la democracia y la gobernanza efectiva en el país.