Pedirán colectivos modificar ley para garantizar que detenidos por desaparición confiesen paradero de víctimas

IRAPUATO, Gto. (OEM).- Norma Patricia Barrón, representante del colectivo “Una luz en mi camino”, dijo que solicitarán a los actuales legisladores, pero también a quienes se postulen para estos cargos, ya sea estatales o federales, a que hagan una modificación a la ley, para que tengan acceso a lo que llamó “una verdadera justicia”, para que no sólo se detenga y encarcele a los responsables de estos delitos, sino que además confiesen en dónde dejaron a sus familiares, para poderlos rescatar y despedirse de ellos con la debida sepultura.

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En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Norma Patricia Barrón, explicó que en algunas ocasiones han sido detenidas personas involucradas en la desaparición de personas, incluso hasta vinculadas a proceso o sentenciadas, pero no hay alguna legislación que obligue que esas personas, algunas confesas, a que digan en dónde dejaron los cuerpos de sus familiares para poder recuperarlos y enterrarlos.

Varios casos se han dado sobre sentencias sin verdad para encontrar a desaparecidos.

“Se tiene que hacer un análisis exhaustivo de algún artículo, en el cual, sin vulnerar derechos, sin coacción física o psicológica, pudieran ellos decir en dónde están nuestros desaparecidos, no es justo tener a los responsables y seguir en la misma situación, no hay un avance en el derecho a la verdad”.

Norma Patricia Barrón ha representado en la parte legal o ha estado presente en tres casos de este tipo. El primero de ellos el de su propio hijo, quien fue desaparecido y pese a haber obtenido sentencia contra las personas involucradas en la desaparición, éstas nunca le dijeron en dónde estaba su hijo Kevin.

Otro caso fue el de Brayan, otro joven que fue desaparecido en Cortazar. Por este también se detuvo al responsable y posteriormente se obtuvo sentencia contra éste, pero nunca dijo la verdad del paradero del joven.

El último caso, hasta este 2023, fue el del niño Juan David, hecho que conmocionó a toda la ciudad de Irapuato, al haber desaparecido éste a la edad de 11 años y aunque tras un largo proceso se obtuvo sentencia condenatoria en contra de su padrastro por la responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, éste tampoco quiso decir cuál fue el destino del niño.

Norma Barrón dijo que ante el enojo de la sociedad por no saber qué fue de estas víctimas, se dijeron muchas cosas, sin embargo, refirió que la realidad es que la autoridad se encuentra limitada, pues no se puede coaccionar de manera física o psicológica a los responsables o presuntos responsables, lo que deja muchas veces un callejón sin salida para las familias de las víctimas que se encuentran con una justicia incompleta.

“Existe el delito de tortura, que violenta los derechos de estas personas, y estaríamos abriendo la puerta a su libertad, se tiene que privilegiar los derechos de los inculpados, desafortunadamente vemos que ni con atenuantes tienen la situación psicológica de decir ‘si ya me descubrieron, para qué sigo con esto’”, señaló la representante de “Una Luz en mi Camino”.

Y es que el tema avanza muy lentamente, pues fue en el caso más reciente, el de Juan David que fue notoria la sensibilidad con la que se manejó el tema, pues la jueza tuvo apertura a que se pudiera valorar reducir la condena del padrastro del niño, si éste revelaba su paradero, lo cual era prioritario para su padre, esta apertura no se había presentado en ninguno de los otros casos en los que Norma Barrón estuvo presente.

“En mi caso, el juez no realizó esta manifestación, vamos avanzando, los jueces también avanzan en este tipo de asuntos. Se tiene que hacer un análisis exhaustivo, no es justo tener a los responsables y seguir en la misma situación, no hay un avance en el derecho a la verdad”.

Otros obstáculos a los que las familias de personas desaparecidas se enfrentan es al de la denuncia, pues muchos de los hechos en los que personas han sido desaparecidas, han sido mal clasificados desde el momento de la denuncia, lo cual afecta a los procesos y hasta a las condenas a las que los presuntos implicados pueden llegar.

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“En el caso de mi hijo era un secuestro agravado, en el de Brayan lo clasificaron como privación ilegal de la libertad, llegamos como colectivo y pedimos la reclasificación como desaparición cometida por particulares, porque distaba mucho la pena, en una privación de la libertad son mínimo ocho años y desaparición cometida por particulares hablamos de más de 40, entonces nos inconformamos, trabajamos con la Fiscalía, pudimos reclasificar y obtener condena de 40 años, algo benéfico para la familia, pero a pesar de tener todas las pruebas, no dijo nada del paradero del joven, que continúa desaparecido”.