Obtiene Guanajuato primer lugar en Gobierno Abierto en el país

Guanajuato, Guanajuato.-El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informan que el gobierno del estado de Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en el índice Métrica de Gobierno Abierto (MGA), que califica el grado de apertura de las entidades de gobierno que tienen la obligación de dar a conocer sus acciones ante la ciudadanía.

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Participación ciudadana en Guanajuato fue del 9.48% tras revocación de mandato

Las cinco entidades federativas con las puntuaciones más altas son: Guanajuato, con una calificación de 0.65; seguido por la Federación con 0.57; el estado de Aguascalientes con 0.56; la Ciudad de México y Baja California con 0.55.

Según informan los autores de la métrica, el Índice de Gobierno Abierto se compone de los índices generales de transparencia y participación ciudadana, los cuales, a su vez, están construidos como el promedio de los subíndices de esa dimensión desde ambas perspectivas.

Esta es la tercera edición de MGA, en la que se evaluaron mil 365 oficinas públicas en todo México en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

A decir de Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): “Esta iniciativa multilateral surge para recobrar la confianza de la sociedad en sus instituciones y pone en el centro de las políticas públicas a la ciudadanía, pero no únicamente para consultarle qué necesita resolver sino para que, a partir de un diálogo, de una confianza, puedan encontrar de manera colaborativa y cocreativa, soluciones a esas problemáticas que han aquejado a la sociedad. Es un modelo que se basa en cuatro pilares fundamentales: transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana”.

Alcalá Méndez explicó también que en este modelo de gobernanza la transparencia es proactiva, es decir, conlleva obligaciones adicionales a las que establece la propia ley en la materia y está basada en la utilidad social.