GUANAJUATO, Gto.- Al conocer al asesinato del juez de distrito federal, Uriel Villegas Ortiz en la ciudad de Colima, junto con su esposa, personal del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato donde se desempeñó como secretario en 2012, lamentó el hecho al comunicarse vía digital esta noticia que trascendió a nivel nacional.
De Viva Voz...
“Sabemos que la investigación ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, pero en un marco de corresponsabilidad institucional, esperamos que trabajen de la mano las autoridades federales y estatales para dar con los perpetradores y que estos enfrenten a la justicia”.
Ministro Presidente de la SCJN.
Mediante un WhatsApp una empleada jubilada compartió el mensaje: “una mala noticia en mi circuito, acaban de ejecutar al Juez Uriel Villegas Ortiz y a su esposa. Muy mal noticia para toda nuestra comunidad laboral y lo vulnerable que nos encontramos todos y cada uno de nosotros”.
A pesar de que la mayor parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación trabajan a distancia desde sus hogares para evitar la propagación del Covid-19, y solamente acude personal a realizar algunas guardias, externaron su pésame a los familiares del juez y de su esposa.
En el portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente el Ministro Arturo Saldívar calificó como un cobarde asesinato del juez federal. El PJF colaborará en la investigación y exigirá, al más alto nivel, los responsables sean ubicados, detenidos y enfrenten a la justicia, precisó.
Aseguró que se revisarán todos los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de las juezas y los jueces federales y de sus familias.
“Hoy, todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), Ministras, Ministros, Consejeras y Consejeros, están de luto tras haberse enterado del cobarde asesinato”.
Finalmente aseveró “queremos mandar un mensaje claro y categórico: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado defender en bien de los derechos de todas las personas”.