CELAYA, Gto.- El elevar a rango constitucional el “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” para garantizar la educación y el empleo, tal y como lo propuso el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus 20 propuestas de reforma, pondría “una presión adicional en las finanzas públicas del país”, debido a que “se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada”, así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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El análisis realizado por el IMCO contextualiza que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social que inició en 2019 con la finalidad de capacitar, brindar las habilidades necesarias y promover la inserción al mercado laboral de todos aquellos que tengan entre 18 y 29 años, que no estudien, ni trabajen, es decir, busca atender a una población de 4.5 millones de personas.
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Destaca que, de acuerdo con el último dato disponible, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) existen 2.95 millones de personas beneficiarias, de las cuales el 58% son mujeres y el 42% hombres, sin embargo, indica que el programa ha recibido diversas críticas, debido a la falta de transparencia e inconsistencias en el registro del padrón de becarios, además de que la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el gasto.
A pesar de esto, la iniciativa busca elevar a rango constitucional dicho programa y para lograrlo, propone adicionar en el Artículo 123 que el estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajen ni estudien para que se capaciten por hasta 12 meses.
Sin embargo, menciona que esto conlleva algunas implicaciones, ya que la capacitación que ofrece el programa tiene una duración de un año como máximo y, en este tiempo, los jóvenes reciben un seguro médico, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de una beca mensual de siete mil 572 pesos. Este monto, indica, se calcula con base en el salario mínimo, lo que significa un incremento real anual del 60% desde 2019.
El IMCO menciona que para 2024 se aprobó un presupuesto de 24.2 mil millones de pesos para atender el programa, lo cual representa el 85% de los recursos destinados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el Ramo 14.
Para concluir, menciona que desde el inicio del programa se han ejercido un total de 131 mil millones de pesos. Ante esto, considera que este cambio legislativo pondrá una presión adicional en las finanzas públicas del país y más si no se tiene la información precisa de cuántos jóvenes capacitados han logrado incorporarse al mercado laboral, es decir, “se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada”.
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