Dos centros de rehabilitación han decidido darse de baja por el miedo de ser víctimas de ataques armados, lo que provocará que alrededor de 120 adictos queden en las calles; sin embargo, a pesar del temor, el resto de los centros de rehabilitación seguirán trabajando para seguir ayudando a las personas con problemas de adicción.

Así lo dijo Nicolás Pérez Ponce, presidente estatal de los Centros de Rehabilitación Unidos Bajío (CRUB), quien aseguró que luego del ataque armado a un anexo ubicado en Arandas en Irapuato, y que dejó como resultado a 26 personas muertas y siete heridos, el temor y el pánico predomina en los centros de rehabilitación.

Lo que queremos es que tanta familia no este sufriendo por estos sucesos, por eso nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades y vamos a seguir trabajando, tenemos la convicción de que estamos haciendo las cosas bien y por ayudar al prójimo

Nicolás Pérez Ponce | Presidente Estatal de los CRUB

Esto, señaló, ha provocado que dos de las 15 asociaciones integradas al CRUB estén por darse de baja y renunciar a su servicio, debido al pánico que han generado los diversos ataques a estos lugares; sin embargo, al cerrar estos dos centros de rehabilitación se corre el riesgo de que las cerca de 120 personas que están atendiendo regresen a las drogas y comiencen a delinquir.

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“El día del ataque tomaron esa decisión, aún estamos a la espera de que nos lo confirmen, pues si ellos deciden darse de baja, se procede, pero el resto vamos seguir trabajando, no podemos parar con esto, porque así como esta la situación, todo lo que esta pasando es a consecuencia de las adicciones”.

A pesar de ello, Nicolás Pérez Ponce comentó que a pesar del temor de ser víctimas de ataques armados, seguirán operando para procurar la atención de las personas adictas, pues aseguró que mucha de la delincuencia en las calles se debe a personas que delinquen para poder pagar su consumo a alguna droga.

Además, reiteró que urge que los centros de rehabilitación se registren, ya que tan sólo en Irapuato son 265 y en León 250 los que no están regularizados y por lo tanto, no cuenta con la vigilancia de las autoridades, problemática que existe a nivel estatal.

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Incluso, mencionó que realizaron una asamblea nacional en el municipio de Silao, para proponer que todos los anexos sean regularizados y monitoreados para evitar más ataques armados y homicidios al interior de estos.