Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que en el estado los anexos irregulares se han vuelto una constante que va a la alza, y los municipios siguen sin mostrar interés por regularizarlos, por lo cual, se siguen viendo ataques directos hacia estos.

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En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, Nicolás Pérez Ponce detalló que el estado hay al menos 500 centros de rehabilitación que operan sin las certificaciones pertinentes y sólo alrededor de 45 estarían funcionando con sus requisitos de manera correcta para poder dar un buen servicio.

Dijo que en el estado los anexos irregulares se han vuelto una constante que va a la alza, por lo cual aseguró que éste es un tema preocupante dentro de la entidad, lo cual se suma al sin número de situaciones que se han presentado en municipios como Irapuato, León, Celaya y más recientemente el municipio de Comonfort, en donde se han dado hechos que van desde venta de drogas, secuestros e incluso, asesinatos.

Nicolás Pérez Ponce resaltó que entre la ciudadanía hay preocupación por la falta de atención a las adicciones y la violencia en Guanajuato, señalando que las autoridades han ignorado las sugerencias de los guanajuatenses ante esta situación en el estado; puntualizó que sólo el municipio de Irapuato recientemente ha tomado cartas en el asunto, sin embargo, es el único hasta el momento.

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Detalló que han sido reiteradas las situaciones en las que se les ha pedido a las autoridades de los tres niveles de gobierno en poner los ojos a estos centros para regularizarlos y así velar por la vida de los internos y que estos puedan tener un espacio para ser rehabilitados.

“Hasta ahorita los volvieron a retomar porque tuvimos una reunión con el secretario de seguridad, pero sólo en el municipio de Irapuato, en los demás municipios, no habido la misma participación, y esto es muy grave porque se descuidan muchas cosas que se viven dentro de los anexos, pues muchos de ellos son irregulares”, resaltó.

El presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío explicó que se busca detener el incremento de estos centros, pues calificó como lugares peligrosos para las personas que acuden a rehabilitarse.

Es preocupante porque estos se han convertido en semilleros del crimen organizado, y es por eso que nosotros rogamos la atención, que las autoridades regularicen supervisen en este tipo de centros que muchos de ellos trabajan de manera informal”, dijo.

Agregó que es urgente que las autoridades del estado deben voltearlos a ver, pues de lo contrario esto traería problemas graves.

“Deben de hacer algo, porque ya hemos visto las consecuencias, tantos ataques en tantos centros de rehabilitación, y pese a ellos siguen sin poner atención a estos centros”.