Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario del Trabajo en el estado de Guanajuato, destacó uno de los desafíos que enfrenta México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es la reforma judicial, pues no da certeza a las inversiones extranjeras que están preocupadas por el tema, sobre todo por la complejidad de las nuevas reglas y su impacto en las empresas mexicanas.
"Uno de los temas más cruciales es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el cual permite a Estados Unidos y Canadá iniciar procedimientos en contra de México por violaciones a la libertad sindical y la contratación colectiva; a pesar de que México también tiene la capacidad de recurrir a este mecanismo, la realidad es que las condiciones para hacerlo son mucho más complicadas para nuestro país".
Marco Antonio Rodríguez subrayó que las nuevas reglas obligarán a los empleadores mexicanos a respetar las decisiones de los trabajadores sobre su afiliación sindical.
"Los sindicatos tienen la responsabilidad de mantener relaciones armoniosas con las empresas, lo que es clave para preservar la competitividad y las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá".
Añadió que otro desafío importante es la posible reforma al Poder Judicial en México, la cual podría tener implicaciones significativas en la certeza jurídica necesaria para la inversión extranjera; advirtió sobre los riesgos de sustituir a jueces experimentados por un sistema de selección aleatoria, lo cual podría debilitar el sistema de justicia y poner en peligro acuerdos comerciales como el T-MEC.
A pesar de estos desafíos, el subsecretario del Trabajo del estado de Guanajuato expresó que es posible avanzar si se respetan las nuevas reglas y se fortalece el sistema judicial.
"Las conversaciones sobre la revisión del T-MEC, programadas para 2025, también serán un reto para México, aunque el tratado aún está en proceso de maduración, es necesario corregir las asimetrías entre las obligaciones de México en comparación con las de Estados Unidos y Canadá".
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Concluyó al mencionar que el reto para las empresas mexicanas será adaptarse a este nuevo panorama legal, al tratar de garantizar el respeto a los derechos laborales y mantener la competitividad en un mercado internacional cada vez más exigente.