Guanajuato, Gto.- Mientras que legisladores del PAN piden que la actual legislatura se pronuncie para radicar y dictaminar la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, los legisladores de Morena consideraron ocioso convocar a una sesión de Pleno extraordinaria.
Lo anterior desató una discusión entre los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quienes aseguraron que, aunque ya haya sido publicada la reforma, esta Legislatura debía pronunciarse al respecto, a través del dictamen correspondiente, por lo que instruyó a la secretaría técnica a la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Después de declarar la apertura formal de los trabajos de esta instancia legislativa, la diputada Susana Bermúdez Cano esgrimió diversas consideraciones, entre ellas que la reforma constitucional al Poder Judicial partía de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos.
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Agregó que otro problema, era que la iniciativa contempla la creación de un Tribunal de Disciplina, lo que era preocupante, dijo, ya que lo que se plantea es que se convierta en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado.
Afirmó que cualquier reforma debería implicar una mejora integral que no se quede en un ámbito de revanchismo político, y que lo que no podía suceder era apostar por una reforma regresiva que se tenía antes de 1994, cuando el máximo tribunal era un apéndice subordinado al Poder Ejecutivo.
“Si el resultado de la reforma nos coloca en ese sitio, como sociedad habremos perdido una batalla muy importante respecto a la consolidación del Estado Constitucional de Derecho, y eventualmente, los riesgos son tremendamente altos en la medida en que la posición del Poder Judicial se encuentre subordinada al poder político en turno, lo que nos llevará a un modelo más autoritario y menos orientado a una concepción democrática”, remarcó.
Finalmente, detalló las razones generales del sentido del dictamen al mencionar la improcedencia del aberrante proceso de elección de personas juzgadoras por voto popular, la disfuncional creación de un nuevo órgano de administración judicial, la supresión de la independencia judicial con la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la intromisión de la soberanía estatal con el mandato para que los poderes judiciales locales realicen de forma análoga los referidos cambios.
Por su parte, el diputado Cuauhtémoc Becerra González se refirió al proceso legislativo que conlleva cualquier propuesta normativa. Precisó que con la citada publicación ya no había materia y que impulsar su discusión de forma extraordinaria pese a carecer de materia, denotaba un interés exclusivamente político de discutir lo ya aprobado, validado y publicado.
Becerra González habló de las ventajas de las reformas entre las que enfatizó impulsar la austeridad republicana, combatir la corrupción y democratizar al Poder Judicial, para finalizar comentando que con esas modificaciones se tendrán juzgadores que sólo respondan al pueblo, el soberano de quien dimana todo el poder público.
Por su parte, la congresista Irma Leticia González Sánchez celebró la publicación de la reforma judicial y apuntó que extrañamente se quería discutir de forma extraordinaria una vez que se quedaron sin materia gracias al descuido en la correspondencia que hizo perdediza la minuta la semana pasada.
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Habló de los problemas que se atienden con estas modificaciones legales como que el manejo presupuestal del Poder Judicial en el país no se apega a los principios constitucionales; existen problemas graves de corrupción, por lo que era necesario el Tribunal de Disciplina; y no existía independencia judicial.
Afirmó que la reforma aprobada y publicada garantiza no más sueldos inconstitucionales superiores al del presidente de la República, prohíbe formar fideicomisos no previstos en la Ley y garantiza que cada uno de los tres Poderes Públicos de la Unión lleve a cabo una convocatoria pública y conforme un Comité de Evaluación integrado por 5 personas con amplia trayectoria en el ámbito jurídico.