IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, es uno de los que más le cuesta al Gobierno Federal, pues la manutención de cada uno de los mil 912 presos que hay en ese lugar ascendió a los tres mil 473 pesos diarios y es también una de las prisiones en donde sus internos tienen la menor participación en actividades de trabajo y capacitación para el empleo y oficios.

El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que a parte de que es uno de los dos penales más caros del país, también es junto con el Cefereso 17 de Michoacán al que más presupuesto se le ha destinado en los últimos dos años por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, con todo y que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la administración de estos lugares era “un abuso” y que incluso buscaría negociar con las empresas encargadas de dicha administración mejores costos o podrían proceder legalmente contra ellas, según refirió en la rueda de prensa mañanera del 13 de enero de 2021.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación señaló que durante 2018, en el último año del ejercicio fiscal del gobierno de Enrique Peña Nieto, al Cefereso de Ocampo le habían destinado mil 715 millones 46 mil pesos para la administración de este lugar y que en ese entonces tenía a mil 571 internos.

Para 2019, durante el primer año de la actual administración federal, el Cefereso de Ocampo recibió dos mil 415 millones 689 mil pesos para administrar ese lugar y que incluso para ese año su población había bajado a mil 482 internos; es decir, su presupuesto aumentó en 700 millones de pesos y en ese año mantener a cada interno le costó al erario cuatro mil 527 pesos diarios.

Para 2020, el presupuesto federal destinado al Cefereso de Ocampo tuvo una disminución y le fueron asignados dos mil 401 millones 864 mil pesos; sin embargo, pese al recorte que tuvo, le fueron 686 millones más que lo presupuestado en el último año de Enrique Peña Nieto.

El 13 de febrero de 2021, uno de los temas centrales de la conferencia de prensa mañanera fue el excesivo gasto que se estaba realizando en penales federales, que de acuerdo con el presidente de México, eso era sinónimo de la presunta corrupción creada por los que calificó “gobierno neoliberales”, al haber pagado a privados por la administración de las cárceles.

Explicó que todo se derivó del convenio firmado en 2011 por el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el cual indica que dicho convenio tendría una vigencia de 22 años y que al término de éste, los inmuebles quedarían en manos de la empresa privada que los construyó y que los operó bajo la figura de Asociación Público Privada para el funcionamiento de los mismos, además de las rentas mensuales que se le asignaban.

Cárceles de lujo y poca participación de internos

Andrés Manuel López Obrador se refirió a los penales federales operados por particulares como “hoteles de cinco estrellas” y anunció que buscaría cancelar esos contratos, para generarle al país ahorros por más de 10 mil millones de pesos anuales.

El reporte de la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de que el Cefereso de Ocampo, a parte de ser un reclusorio en el que hasta 2020 por interno se destinaban tres mil 473 pesos diarios, equivalentes a poco más de 37 Unidades de Medida y Actualización, es también uno en donde sus internos menores actividades laborales realizan.

Y es que el artículo 87 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como un eje de reinserción social la capacitación para los internos, la cual consiste en otorgar a las personas privadas de la libertad conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad.

La Auditoría Superior de la Federación indicó que durante 2020, en el Cefereso de Ocampo fueron impartidas capacitaciones en computación, carpintería, electricidad, mecánica, herrería y hojalatería, inglés, fontanería, elaboración de textiles, entre otras actividades; sin embargo, de los mil 912 internos, sólo 36 acudieron a esos talleres de capacitación, la participación más baja de los 15 penales federales auditados.

No sólo eso: también como parte de las actividades que pueden realizar es enrolarse en la elaboración de productos que son vendidos con empresas con las cuales se mantiene un convenio y en 2020 se les pidió elaborar textiles, caretas y muebles y sólo 136 de los mil 912 internos participaron.

La situación no terminó ahí, pues también podían realizar labores no remuneradas dentro del penal, como apoyo en limpieza, asistencia en la elaboración de alimentos, elaboración de productos e incluso fabricación de cubrebocas y sólo siete decidieron participar, quizá porque no recibían algún ingreso y también fue el penal con menor participación, en comparación con el Cefereso 14 de Durango, en donde los mil 815 internos realizaron actividades no remuneradas.

El Cefereso de Ocampo tenía hasta el momento de la auditoría de 2020 a 480 personas de 18 a 30 años ahí recluidas, mil 75 con una edad de entre 31 y 45 años, 323 con una edad de entre 46 y 60 años y 40 personas con más de 60 años.

Este lugar fue originalmente administrado por Sarre Infraestructura y Servicios S.A. de C.V. y ahora es operado por EXI QUANTIUM S.A. de C.V., de acuerdo con información del propio Gobierno Federal.

En ese penal están presos personajes como Javier Alonso Martínez Morales, alias El Javo, autor de la masacre en el Casino Royale, de Monterrey, así como partícipe en la masacre de 49 reos del penal de Topo Chico, en Nuevo León; Mario Aburto, señalado como autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, así como los cinco celadores del penal de El Altiplano que fueron señalados como cómplices en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo están en este penal federal.