IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Dese hace un año, la Guardia Nacional no es bien vista en El Copal, una comunidad en la que habitan alrededor de dos mil personas y que está ubicada al norponiente de Irapuato.
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La corporación federal lo ha entendido y ya no realiza con tanta frecuencia los rondines que llevaba a cabo en 2022, los cuales tenían como objetivo vigilar la red de ductos de Petróleos Mexicanos que pasan por la zona; su vigilancia ahora se limita a la zona de barbechos, pero ya no dentro del poblado, cuyos habitantes no olvidan que el 27 de abril del año pasado, un integrante de esta corporación presuntamente asesinó a Ángel Yael, un joven estudiante de la Ingeniería en Agronomía de la Universidad de Guanajuato, mientras que otro elemento más también habría disparado a los compañeros con los que viajaba el universitario.
Ha pasado un año desde aquel ataque y para la familia de Ángel Yael Ignacio Rangel la justicia aún no ha llegado. Han sido cuatro las ocasiones en las que les han hablado para darles a conocer los avances del caso y en las cuatro la herida se reabre, pues vuelven a escuchar una y otra vez cómo fue asesinado el joven que tenía 19 años y quien cursaba el cuarto semestre de la carrera de Agronomía.
Televisoras y medios de comunicación de diversas partes del mundo han tratado de acercarse infructuosamente a la familia de Ángel Yael. Hablar, para ellos, es revivir la herida y lo que quieren es que todo termine. Del proceso legal poco quieren saber, contaron a Organización Editorial Mexicana. “Que sea lo que sea, pero ya es un año y no vemos justicia”, dijo Norma Lucía Rangel, madre del joven.
Para ellos el proceso ha sido lento, con muchas trabas, “como si quisieran que todo se olvidara, pero cómo vamos a olvidar”.
Disparó sin una orden
En un año, el caso ha avanzado poco, consideran familiares y amigos de Ángel Yael, pero lo que no ha cambiado es la versión de cómo sucedió todo.
Según lo que quedó asentado en la carpeta de investigación que está siendo desahogada en el juicio, la tarde del 27 de abril de 2022 Ángel Yael convivía con un grupo de compañeros en una salón de eventos conocido como La Parra y que está ubicado en las orillas de la comunidad El Copal. Todo transcurría en total calma, cuando de pronto Ángel Yael, Edith Alejandra y Eduardo abordaron una camioneta Ford Eco Sport blanca, con placas de circulación GKD-623-C y arrancaron la marcha. Y fue entonces que ocurrió el hecho, que quedó narrado en la recomendación número 80VG/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “El 27 de abril de 2022, al estar llevando a cabo acciones encaminadas a la prevención del robo de hidrocarburos, se percataron de la presencia de personas a las que se les dieron alcance, que al llegar al lugar él y sus compañeros bajaron de la camioneta en que iban haciendo la formación de punta para capturar a las personas que se encontraban en el lugar, pero al realizar la maniobra se escucha una detonación proveniente del compañero AR2 (Autoridad Responsable 2), quien accionó por primera vez su arma de cargo calibre 7.62, por lo que al escuchar las detonaciones su reacción fue parapetarse en un árbol cercano y hacer otra detonación disuasiva al aire, siendo enfático al señalar que el primer disparo lo hizo su compañero AR2, apuntando directamente en contra de la camioneta; que al llegar su jefe y preguntar quién había accionado su arma, todos negaron haberlo hecho, culpándolo directamente a él, por lo que es detenido y presentado ante la autoridad ministerial”.
Otra declaración resultó importante en el caso, pues narra que el elemento de la Guardia Nacional, de nombre Ángel, quien provenía de la Marina y quien en ese entonces era cuatro años mayor que Ángel Yael, era el único que portaba un arma de calibre diferente a la de sus compañeros, por lo que eso fue fundamental en la investigación para identificar al presunto responsable del ataque.
“Cobra relevancia la declaración de PSP10 (Persona Servidora Pública 10), de la que se destaca que AR2, es el único elemento del grupo que cuenta con un calibre de arma diferente, siendo una panter calibre 7.62, mientras que todos tienen asignada una calibre 5.56; de igual manera, el dictamen en materia de balística forense practicado a las armas de AR2, AR3 y PSP1 estableció que el elemento balístico que fue encontrado en la autopsia realizada a V1 (Víctima 1) tiene correspondencia con el calibre del arma de AR2”, dice el documento, del cual Organización Editorial Mexicana tiene una copia.
Así, la resolución ha quedado que el disparo fue realizado sin una orden de algún superior. Incluso, desde el 28 de abril de 2022 esa fue la versión que sostuvo la propia Guardia Nacional, a través de un comunicado dado a conocer horas después del caso.
“Un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada”, decía el comunicado. Y aunque todo apuntaba a que sólo era un elemento de la Guardia Nacional el implicado, el cinco de diciembre de 2022 el caso dio un giro, pues un segundo elemento de la Guardia Nacional, del que también hubo datos de que disparó, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio en contra de Edith Alejandra y Eduardo, pero éste lo lleva en libertad, en tanto que el primer agente federal fue cambiado del Cefereso de Ocampo a una prisión militar del estado de Jalisco.
Fuerzas armadas no deben estar en las calles
En diciembre de 2020, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, consideraba que las fuerzas armadas no deberían ser involucradas en operativos de seguridad pública, pues ello las exponía a dos riesgos: que pudieran sucumbir a la corrupción, o bien, a ser protagonistas de violaciones a los derechos humanos.
En el libro titulado “Orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano. Hacia el restablecimiento del Estado de Derecho y de una cultura de paz”, en el cual Guerrero Agripino fungió como coordinador de los textos publicados, quedó establecida parte de la postura que el rector de la Universidad de Guanajuato ha manifestado y que aún defiende desde el plano académico sobre los riesgos de la militarización del país.
“El nivel de institucionalidad y compromiso de las fuerzas armadas no está en duda, han sido garantes de la estabilidad democrática del país al mantener su lealtad al liderazgo civil; poseen, además, un alto nivel de confianza de la ciudadanía. Es destacable su capacidad táctica, ética, logística, de inteligencia y de fuerza, así como la importancia de que las fuerzas armadas sean el principal componente del Sistema Nacional de Protección Civil de manera vinculada con el Plan DNIII-E.
“Pese a lo anterior, nos encontramos ante un fenómeno de militarización expandido a todos los campos de la seguridad.
“Lo anterior es preocupante. Se sostiene bajo el argumento de que la criminalidad organizada representa una amenaza para la seguridad nacional, asimismo, en que las corporaciones policiales no tienen la capacidad para hacer frente a este gran problema nacional debido a su debilidad (…) Las fuerzas armadas, sin embargo, no fueron creadas para estos propósitos. Su formación está destinada a ejecutar funciones distintas. Involucrarlas en asuntos operativos de seguridad interior o pública las expone a la corrupción y a la violación de derechos humanos”, advertía en ese entonces Luis Felipe Guerrero Agripino en ese libro que le tocó coordinar y que fue publicada su primera versión digital en diciembre de 2020.
Luis Felipe Guerrero Agripino consideraba desde entonces que la militarización no es la solución para los problemas de seguridad del país y señaló que las fuerzas armadas deben apoyar en labores de inteligencia y de diseño de operativos, pero no su ejecución.
“Es elemental que las fuerzas armadas no intervengan en la parte operativa, sino únicamente en ámbitos como información de inteligencia y diseño estratégico operativo, sin involucrarse en la parte de ejecución”, se lee en la página 59 de su libro.
Para este 27 de abril, la Universidad de Guanajuato prepara una serie de actividades para no olvidar a Ángel Yael. Además, se espera una postura actualizada del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, quien en anteriores entrevistas con Organización Editorial Mexicana ha señalado que la Universidad de Guanajuato mantiene la exigencia de justicia y que siguen dando acompañamiento a la familia del joven universitario, pues se trató de un acto que dañó a toda una comunidad y como comunidad están actuando con solidaridad.
