/ domingo 28 de mayo de 2023

Buscan frenar abusos policíacos de agentes municipales

Con el objeto de evitar golpizas y amenazas como las que recibió en Celaya el periodista de la OEM, Ángel Galindo

GUANAJUATO, Gto.- La diputada Edith Moreno Valencia señaló que con el objeto de evitar golpizas y amenazas como las que recibió en Celaya el periodista de la OEM, Ángel Galindo, debe evitarse el uso excesivo y arbitrario de la fuerza, abuso de autoridad o extralimitaciones de las corporaciones municipales y estatales, por ello presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.


Diputada local de Morena presentó la iniciativa para evitar abuso de autoridad contra ciudadanos.


La reforma busca orientar la actuación policial del Estado y sus municipios a un enfoque de proximidad social, a fin de aumentar la confianza en las instituciones policiales.

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha emitido, entre 2018 y 2022, 230 resoluciones de recomendación relaciones con violaciones a derechos humanos cometidas por personal operativo de policías municipales en el Estado de Guanajuato y 14 por personal operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lo que refuerza el problema ya planteado”, dijo la legisladora de Morena.


Morena presenta una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.


Moreno Valencia manifestó que los derechos humanos representan los límites al ejercicio arbitrario de la autoridad, por constituir un resguardo esencial para la seguridad ciudadana, que impiden que las herramientas o atribuciones legales con las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todas las personas sean utilizadas para avasallar derechos.

Señaló que históricamente en México se han ocurrido constantes violaciones a derechos humanos en manos de las instituciones públicas encargadas de la seguridad, motivo por el cual el gobierno federal en turno ha hecho esfuerzos importantes para transformar las instituciones de seguridad pública y el uso que se hace de éstas, con la finalidad de incorporar los derechos humanos como eje fundamental y reforzar la legitimidad de la función policial en el país.


Deben evitar golpizas y amenazas contra ciudadanía como la que sufrió reportero de OEM en Celaya.


Por lo anterior, la legisladora propuso que se enuncie en la Ley del Sistema de Seguridad Pública que las instituciones policiales en el estado den prioridad al convencimiento, solución pacífica de los conflictos y respeto a los derechos humanos de todas las personas, cuando se ejerzan sus funciones.

Asimismo, Moreno Valencia agregó que se busca que en las funciones se establezca el término de proximidad social como auxiliar en la función de prevención, a través de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la paz pública en el estado, al igual que se informe a las víctimas los derechos que tienen a su favor.


Busca frenar abusos policíacos de agentes municipales.

GUANAJUATO, Gto.- La diputada Edith Moreno Valencia señaló que con el objeto de evitar golpizas y amenazas como las que recibió en Celaya el periodista de la OEM, Ángel Galindo, debe evitarse el uso excesivo y arbitrario de la fuerza, abuso de autoridad o extralimitaciones de las corporaciones municipales y estatales, por ello presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.


Diputada local de Morena presentó la iniciativa para evitar abuso de autoridad contra ciudadanos.


La reforma busca orientar la actuación policial del Estado y sus municipios a un enfoque de proximidad social, a fin de aumentar la confianza en las instituciones policiales.

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha emitido, entre 2018 y 2022, 230 resoluciones de recomendación relaciones con violaciones a derechos humanos cometidas por personal operativo de policías municipales en el Estado de Guanajuato y 14 por personal operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lo que refuerza el problema ya planteado”, dijo la legisladora de Morena.


Morena presenta una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.


Moreno Valencia manifestó que los derechos humanos representan los límites al ejercicio arbitrario de la autoridad, por constituir un resguardo esencial para la seguridad ciudadana, que impiden que las herramientas o atribuciones legales con las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todas las personas sean utilizadas para avasallar derechos.

Señaló que históricamente en México se han ocurrido constantes violaciones a derechos humanos en manos de las instituciones públicas encargadas de la seguridad, motivo por el cual el gobierno federal en turno ha hecho esfuerzos importantes para transformar las instituciones de seguridad pública y el uso que se hace de éstas, con la finalidad de incorporar los derechos humanos como eje fundamental y reforzar la legitimidad de la función policial en el país.


Deben evitar golpizas y amenazas contra ciudadanía como la que sufrió reportero de OEM en Celaya.


Por lo anterior, la legisladora propuso que se enuncie en la Ley del Sistema de Seguridad Pública que las instituciones policiales en el estado den prioridad al convencimiento, solución pacífica de los conflictos y respeto a los derechos humanos de todas las personas, cuando se ejerzan sus funciones.

Asimismo, Moreno Valencia agregó que se busca que en las funciones se establezca el término de proximidad social como auxiliar en la función de prevención, a través de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la paz pública en el estado, al igual que se informe a las víctimas los derechos que tienen a su favor.


Busca frenar abusos policíacos de agentes municipales.

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