GUANAJUATO, Gto.- De los más de 2 mil 400 detenidos por fuerzas federales y estatales, 462 pertenecen a la organización delictiva Santa Rosa de Lima y 291 del grupo delincuencial del vecino estado de Jalisco, que provocó en lo que va del actual gobierno estatal, un incremento del 23 por ciento de la población de internos en los Centros de Readaptación Social del Estado, informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.
Si hay muchos detenidos, pero la percepción ciudadana es que sigue el problema de violencia e inseguridad en la entidad, admitió el funcionario estatal en una video-conferencia con legisladores locales. Se tenían en los CERESOS cinco mil 195 internos y actualmente hay 6 mil 693, lo que representa el 23 por ciento de aumento.
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Por ello, consideró que debe atacarse desde el ámbito federal el tema económico a las organizaciones delincuenciales y que tengan un mayor involucramiento en respaldo a los operativos que se implementan en la entidad para combatir el narcotráfico, lavado de dinero, trasiego de armas y homicidios dolosos.
Admitió que desde 2017, la SSPE detectó que comenzó la lucha entre los dos grupos delictivos en el territorio estatal para controlar la zona para realizar la extracción ilegal de hidrocarburo y la venta de drogas.
En suma, dijo, del período de septiembre de 2018 a 2020, se detuvieron a 753 personas ligadas a los cárteles, sobre todo de las dos organizaciones anteriormente mencionadas y a quienes se decomisaron armas y drogas.
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Cabeza de Vaca también admitió que el estado de Guanajuato es donde se han presentado mayor número de ejecuciones de corporaciones policíacas, sobre todo municipales. En 2019 fueron 17 y este año 45.
En la reunión los diputados realizaron una serie de preguntas que fueron contestadas por el Secretario de Seguridad Pública del Estado.
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A mí me queda muy claro que es un acierto el Golpe de Timón, sé que de alguna manera quisiera una persona o dos como lo he visto en algunos medios, tener la responsabilidad, pero trabajamos también con las reglas federales. Las políticas públicas en materia de seguridad por ley se dan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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