En 2021, diversas instituciones estatales del país dieron más de dos mil 360 millones de pesos en contratos a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Fernanda Avendaño, coordinadora de anticorrupción del IMCO, indicó que según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el mayor registro de procedimientos otorgados a proveedores sancionados se concentraron en tareas de mantenimiento, servicios y obras de infraestructura.
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En conferencia de prensa, la directiva detalló que Michoacán fue el estado que dio más contratos de este tipo, los cuales fueron equivalentes a un monto cercano a mil 23 millones de pesos.
Le siguió Oaxaca, con 539 millones de pesos, mientras que la Ciudad de México ocupó el tercer puesto al dar casi 377 millones de pesos en contratos a sujetos sancionados.
“Es importante asegurar que, de parte de los institutos estatales de transparencia, el registro de información se monitoree. No sólo se trata de usar a la PNT como un repositorio de información, sino que sea monitoreada y utilizada”, aseguró Fernanda Avendaño.
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El reporte del IMCO, titulado “Compras públicas estatales, ¿dónde quedaron los datos?”, también refiere que el año pasado se dieron contratos por más de 748 millones 737 mil pesos a empresas de reciente creación, que son aquellas que tienen menos de un año de labores.
En particular, Jalisco fue la entidad que tuvo el mayor monto de contratos a compañías de este tipo, con 122 millones de pesos, seguido de Quintana Roo y Ciudad de México, con 108 y 89 millones de pesos, respectivamente.
A su vez, se otorgaron dos millones 695 mil pesos en contratos para empresas fantasma, que son identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como contribuyentes inexistentes o con simulación de operaciones.
Incumplen empresas estatales con registro de información de compras públicas
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de las más de tres mil 600 instituciones estatales obligadas a declarar información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), solo el 52 por ciento subió documentación sobre sus procedimientos a dicha plataforma.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se detectó que los datos publicados eran erróneos o carentes de información. Incluso, se registraron contratos duplicados, con errores de captura por parte de las instituciones y hasta hipervínculos falsos.
Por ejemplo, se detectó que cinco de cada 10 concursos registrados no cuentan con un enlace directo a la documentación. Según el IMCO, Hidalgo, Tamaulipas y Guanajuato son los tres estados con la menor accesibilidad en dicha información.
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“La PNT es una herramienta que podría ser profundamente útil para el análisis de compras y uso de recursos públicos, pero la forma en que se sube la información no permite hacer esta tarea”, sostuvo Valeria Moy, directora general del IMCO.
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