Para 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prevé incrementar hasta 63 por ciento el monto de las multas que impone a comercios y prestadores de servicios.
Un proyecto de acuerdo publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), señala que cuando haya reclamaciones de consumidores de manera individual o grupal, y que se presenten en forma escrita, oral, telefónica o vía electrónica, los establecimientos serán objeto de multas de 336.5 pesos hasta 33 mil 605.59 pesos.
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Esta nueva cifra representa un incremento de 63 por ciento frente a lo aprobado para este año, cuyas multas se fijaron en un intervalo de 205.80 a 20 mil 580.33 pesos, según la Ley Federal de Protección al Consumidor.
"La Procuraduría Federal del Consumidor está encargada de proteger los derechos e intereses de los consumidores y tiene atribuciones para aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo", detalla el documento publicado en el portal de Conamer.
La Procuraduría plantea que también serán sancionadas las conductas que no fomenten un consumo responsable e informado. Para ello, según la legislación vigente, la Profeco está encargada de elaborar talleres y contenido educativo para el público en general.
Las sanciones por violar este tipo de conductas el próximo año podrían ser de un mínimo de 336.05 pesos y un máximo de un millón 75 mil 379.36 pesos, desde un monto previo de 205.80 a 658 mil 570.67 pesos aprobados para 2022.
En 2019, la Profeco recibió facultades fiscales para el cobro de multas, con lo cual dejó de depender del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para hacer efectiva la cobranza de estos adeudos.
No obstante, las multas impuestas por Profeco también pueden obtener una condonación, reducción o sustitución, aunque ello depende de una investigación y desahogo de pruebas por parte de los afectados.
En los últimos años, la Procuraduría a cargo de Ricardo Sheffield ha impuesto multas a comercios y establecimientos que, incluso, han derivado en clausuras o cierres temporales de negocios a lo largo de todo el país.
Al inicio del año destacó el caso de una gasolinera ubicada en la Ciudad de México que ofertó el litro de combustible por arriba de los 30 pesos, lo cual fue considerado como un abuso para los consumidores en medio de la crisis derivada por el Covid-19.
De igual forma ha hecho valer el derecho de los consumidores en algunos restaurantes como Rebel Wings, luego de que éste no fuera claro en sus promociones y precios de venta al público en general.
Recientemente la Profeco abrió una investigación contra la empresa de boletos Ticketmaster, luego de que el fin de semana pasado se presentó una supuesta clonación y sobreventa de boletos para el concierto del reggaetonero Bad Bunny en la Ciudad de México.
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