La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos representa un riesgo de expropiación a las empresas que cuentan con terminales de almacenamiento para combustibles, ductos y terminales ferroviarias relacionadas con este ramo, coinciden analistas del sector energético.
Santiago Arroyo, director general de la Consultora Ursus Energy, dice que los artículos 57 y 59 BIS de la reforma, “de manera muy general establece una expropiación directa que va sobre terminales de almacenamiento, terminales ferroviarias y ductos, es decir, todas las ramas del sector petrolíferos abarcando desde terminales de servicio hasta el almacenamiento”.
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En entrevista con El Sol de México, el analista dice que estos términos representan una expropiación directa de forma discrecional, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, según sea el caso.
Esto se debe a que el gobierno federal propone que la infraestructura que represente un riesgo ambiental o de operación, o que se opere durante una emergencia nacional, puede pasar a formar parte de la nación, coincide Ramsés Pech, especialista del sector para la consultora Caraiva y Asociados.
“Se estaría expropiando la parte de almacenamiento de hidrocarburos, porque la ley dice que si el gobierno detecta un riesgo tomará el activo y dará 60 días al privado para resarcir el daño, pero deja mucha ambigüedad en las reglas”, dijo.
El viernes pasado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos en la que establece, entre otras cosas, regresarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) todo el control en el almacenamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de los petrolíferos en el país. Además, incluye la revocación y suspensión de permisos otorgados a particulares que hoy ya participan en el mercado abierto.
De acuerdo con la iniciativa, el sector afectado es el que considera las actividades desde refinación hasta la venta al consumidor final.
Como adelantó este diario, la propuesta incluye un apartado dedicado a la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, que implicaría que Pemex tome el control de las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución privadas, incluyendo los puntos de venta finales, es decir, las gasolinerías y la venta de gas doméstico a los usuarios.
Las consecuencias legales de la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo, implica la revocación de permisos a los empresarios que hagan mal uso o alteren las condiciones técnicas de los sistemas, ductos, instalaciones o equipos de suministro en el sector.
De acuerdo con Ramsés Pech, en México hay más de 50 terminales de almacenamiento que pertenecen a empresas como IENova, Bulkmatic, Kansas City Southern, Windstar o Grupo Sisma, a lo que se suman seis mil 874 kilómetros de ductos de gas natural de privados, señalan datos de la Secretaría de Energía.
Tanto Santiago Arroyo como Ramsés Pech, coinciden que en caso de que se apruebe la iniciativa, esta viola los capítulos 14, 21 y 28 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que regulan la protección a inversiones, la política de competencia, así como las buenas prácticas regulatorias, respectivamente.
Además, Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, dijo que la implementación de la expropiación directa acarreará conflictos internacionales también para el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), por lo que se activarían de inmediato los mecanismos internacionales para la resolución de conflictos con 27 países del viejo continente, a los que se sumarían Canadá y Estados Unidos, en el T-MEC.
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PUNTOS BUENOS
Para Gonzalo Monroy, la iniciativa también tiene puntos a favor, como la armonización de la política mínima de almacenamiento de energía, pues México tiene un enorme déficit de para guardar productos petrolíferos como gas y gasolina.
En segundo término, dice el especialista, la iniciativa incluye un endurecimiento a los delitos relacionados con el robo de combustibles.
La iniciativa señala que “busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”.
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