El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, rechazó que el decreto presidencial para acelerar los permisos de obras públicas exima a las empresas a cumplir con reglamentos y transparencia.
"No nos exime en cumplir cabalmente con leyes y reglamentos (...) Este decreto simplemente nos ahorra tiempo. Estamos obligados a rendir cuentas", respondió a pregunta expresa de El Sol de México durante el Día del Proveedor del Tren Maya.
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El funcionario contó que en el caso de algunos trámites ambientales, como el cambiar la ruta en un tramo del Tren Maya, se pueden llevar hasta 45 días hábiles.
En ese sentido aseveró que el decreto busca reducir la burocracia, algo a lo que, dijo, se enfrenta la iniciativa privada y que ahora los entienden.
Por su parte, Maite Ramos, directora general de Alstom en México, empresa que ganó la licitación para proveer de material rodante al Tren Maya, dijo que como compañía continuarán cumpliendo con las exigencias legales en licitaciones y contratos.
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"Seguiremos cumpliendo con todas las leyes, procedimientos y normas que nos exijan en distintas licitaciones y contratos", respondió.
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