ASF detecta posibles daños al erario federal por 48 mil mdp

En su última entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños a la hacienda pública de 48 mil 114 millones 914 mil 300 pesos. Estos recursos no han sido subsanados hasta este domingo ni las dependencias que conforman la administración púbica federal han explicado aún qué sucedió con el dinero.

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Hoy el órgano fiscalizador liberó los resultados de las últimas 866 auditorías que realizó a la Cuenta Pública de 2020 –de un universo de mil 616– año en que llegó la pandemia de Covid-19.

Derivado de su fiscalización, la entidad que dirige David Rogelio Colmenares Páramo emitió cinco mil 393 acciones y observaciones, entre estas, dos mil 444 recomendaciones, mil 483 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias (cuando detecta irregularidades de funcionarios en el ejercicio de sus funciones) y mil 139 pliegos de observaciones (por posibles daños financieros al erario público).

De los más de 48 mil millones de pesos que la ASF considera posibles daños a la hacienda pública, 29 mil millones corresponden a gasto federalizado (los recursos federales que ejercen los estados y municipios) y los otros 19 mil millones al gasto hecho desde el gobierno del presidente López Obrador.

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En el gasto que corresponde a la gestión del Gobierno federal, los mayores quebrantos se encontraron en los ramos de salud, educación pública, bienestar, aportaciones a la seguridad social (IMSS e ISSSTE), agricultura y desarrollo rural y las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).

Uno de los rubros analizados en la Cuenta Pública de ese año correspondió a la atención de la Cuatroté a la pandemia de Covid-19. Al respecto, la ASF encontró diversas anomalías en las distintas dependencias encargadas de hacer frente a la emergencia sanitaria.

Por ejemplo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pagó por ventiladores que ya habían sido pagados previamente; su Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” devolvió al almacén central 15 ventiladores que presentaron fallas sin que se hay solicitado al proveedor su sustitución, y su delegación del Estado de México omitió aplicar penas convencionales por el atraso de la entrega de 47 equipos.

Asimismo, el órgano fiscalizador encontró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizo ocho contratos para equipar un hospital sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, lo que provocó que los bienes comprados permanecieran ociosos entre seis y 10 meses. La dependencia militar también compró equipo médico a sobreprecio.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) compró insumos médicos a sobreprecio, y es que aunque sometió las compras a concurso, la ASF detectó que las empresas ganadoras le vendieron bienes que éstas a su vez compraron a otras compañías que participaron en dichos procedimientos, pero perdieron por cotizar a precios superiores.

La Semar también contrató empresas que no tenían el objeto social, ni la capacidad técnica y económica para llevar a cabo la entrega del equipo.

Quizá el caso más grave se detectó en las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El órgano fiscalizador encontró que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, que debían entregarse antes del 30 de abril de 2020, pero nunca fueron entregados. Por este motivo el Insabi tuvo que contratar a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual con el proveedor.

Asimismo, el instituto que encabeza Juan Antonio Ferrer no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, ni entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de dos mil 250 ventiladores por los que pagó mil 600 millones de pesos.

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no proporcionó a la ASF evidencia documental para comprobar a aplicación de penalizaciones a proveedores que no brindaron mantenimiento a 194 equipos, entre ventiladores, monitores de signos vitales, carros rojos para reanimación y ultrasonidos digitales.

Además firmó contratos de mantenimiento de equipos que no contaban con cláusulas de aplicación de penas en caso de incumplimiento, lo que generó que no se aplicaran penas a pesar de existir retraso en la prestación de los servicios y la entrega de los bienes.

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Por otro lado, en lo que respecta a la adquisición de vacunas contra SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud (SSa) no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas. También se identificaron debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas, ya que en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS Cov-2 (Operativo Correcaminos) no estaban consideradas tres entidades que también participaron de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de los antígenos a los estados.

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